El Comando Unificado Pataz (CUPAZ), creado para enfrentar a organizaciones criminales y la minería ilegal en esta convulsionada provincia de La Libertad, utiliza instalaciones y recursos logísticos pertenecientes a Compañía Minera Poderosa, según una investigación publicada por La República.
Fotografías obtenidas por el citado medio muestran a efectivos del Ejército y de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional formando con sus armas en instalaciones de la compañía y compartiendo los comedores con trabajadores de la empresa.
La situación adquiere relevancia política debido a que Evangelina Arias Vargas, presidenta del directorio de Poderosa, realizó ocho aportes por un total de S/1 millón 480 mil a la candidatura presidencial de Rafael Belaunde Llosa, quien actualmente ocupa el Ministerio de Defensa.
Belaunde ha rechazado que desde su despacho exista un trato diferenciado hacia la empresa minera.
Más de 500 efectivos operan en la zona
Según La República, más de 500 integrantes del CUPAZ utilizan instalaciones ubicadas en Vijus, Santa María y Hualanga, vinculadas a Poderosa.
La presencia de las fuerzas del orden en estos espacios se remontaría a mayo de 2025, cuando el Gobierno desplegó el Comando Unificado Pataz en respuesta al avance de la violencia criminal en la provincia.
De acuerdo con fuentes citadas por el periódico, el CUPAZ no disponía de un cuartel ni de infraestructura propia suficiente para albergar a todo el contingente, por lo que desde el inicio recurrió a instalaciones de la empresa.
El 10 de mayo de 2025, incluso, la entonces presidenta Dina Boluarte visitó el campamento de Hualanga para supervisar las operaciones del comando.
Comida, alojamiento y vehículos
La investigación periodística sostiene que los integrantes del CUPAZ no solamente utilizan ambientes de Poderosa.
Las fuentes consultadas por La República aseguran que efectivos militares y policiales duermen y se alimentan en sus instalaciones y utilizan camionetas 4×4 de la compañía. Los helicópteros del Ejército también operarían desde una pista de la empresa para el despliegue de tropas.
Las fotografías publicadas muestran a efectivos haciendo fila para ingresar a los comedores junto con trabajadores de la minera y posteriormente compartiendo los mismos ambientes.
Estas revelaciones han generado interrogantes respecto a las condiciones bajo las cuales una empresa privada proporciona infraestructura y recursos para operaciones estatales.
Poderosa confirma que brinda facilidades
Compañía Minera Poderosa confirmó a La República que el CUPAZ utiliza sus instalaciones, aunque rechazó que esta colaboración le otorgue capacidad de decisión sobre las operaciones de las fuerzas del orden.
“La colaboración con las Fuerzas Armadas y la Policía no tiene injerencia, dirección y control alguna de la compañía en las decisiones u operaciones de las fuerzas del orden, ni en el ejercicio de sus funciones”, manifestó un representante de la empresa al citado periódico.
Poderosa también aseguró que las facilidades proporcionadas no generan contraprestaciones económicas ni beneficios para la compañía.
Por ello, el uso de infraestructura y logística de Poderosa no demuestra por sí mismo que la compañía controle o dirija las operaciones del CUPAZ.
Ministro niega trato preferencial
El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, ha negado que exista un trato especial hacia la compañía.
Según declaró a RPP, la presencia de las fuerzas de seguridad responde al estado de emergencia y a la necesidad de enfrentar a organizaciones criminales instaladas en Pataz.
Belaunde también sostuvo que los conflictos entre Poderosa y mineros informales corresponden a las partes involucradas y no constituyen la finalidad del despliegue militar.
La República indicó que solicitó durante varios días explicaciones adicionales al despacho ministerial sobre las condiciones en las que el CUPAZ utiliza los recursos de la compañía, pero no obtuvo respuesta.
Los aportes de la dueña de Poderosa
Uno de los aspectos que coloca el caso bajo mayor escrutinio son los aportes realizados durante la última campaña electoral.
Según la información difundida, Evangelina Arias Vargas efectuó ocho aportes por un total de S/1.48 millones a la candidatura presidencial de Rafael Belaunde Llosa.
El financiamiento electoral, por sí mismo, no demuestra que posteriormente haya existido una contraprestación desde el Estado hacia la empresa. Sin embargo, la coincidencia entre esos aportes, el actual cargo de Belaunde y la utilización de recursos privados por las fuerzas bajo el sector Defensa plantea interrogantes sobre eventuales conflictos de interés que requieren transparencia y explicación oficial.
Cuestionamientos dentro del CUPAZ
La investigación también recuerda episodios que han colocado bajo cuestionamiento a integrantes del comando.
Uno de ellos ocurrió el 18 de junio de 2026, cuando el capitán EP Gary Chiroque Barreno, entonces jefe de Inteligencia del CUPAZ, fue detenido acusado de solicitar S/5 mil a un empresario a cambio de proporcionarle seguridad para uno de sus negocios.
Chiroque sostuvo que participaba en una operación encubierta destinada a identificar extorsionadores. Según la información proporcionada, posteriormente quedó en libertad mientras continuaban las investigaciones.
Otro episodio ocurrió el 21 de abril, cuando fue detenido Jeiyer Otiniano Vásquez, señalado como involucrado en el asesinato del pequeño empresario Jolvi Rodríguez Calderón. De acuerdo con La República, Otiniano conducía una camioneta utilizada por el comandante EP Rómulo Silva Olivos, integrante de la línea de mando del CUPAZ. La publicación sostiene que Silva habría intervenido para solicitar su liberación, afirmación que también requiere ser evaluada dentro de las investigaciones correspondientes.
¿Quién financia realmente las operaciones?
La utilización de recursos privados abre una interrogante adicional: cuál es el presupuesto público destinado al CUPAZ y qué gastos cubre efectivamente el Estado.
Si Poderosa proporciona instalaciones y determinadas facilidades logísticas, corresponde que el Ministerio de Defensa precise qué recursos aporta exactamente la empresa, bajo qué convenio o instrumento legal se realiza esta colaboración, cuánto representa económicamente y qué mecanismos existen para garantizar la independencia de las fuerzas del orden.
También resulta necesario conocer qué parte del alojamiento, alimentación, transporte y demás necesidades operativas es financiada directamente con recursos públicos.
En una provincia donde confluyen minería ilegal, crimen organizado, intereses empresariales y una fuerte presencia militar, la transparencia sobre la relación entre las fuerzas del Estado y una compañía privada resulta indispensable.
