En Perú, la minería artesanal tiene una historia que se remonta a épocas preincaicas, especialmente en regiones como Pataz, donde la tradición minera ha pasado de generación en generación. Sin embargo, este sector enfrenta un panorama complejo: según registros del Estado, existen más de 300,000 mineros artesanales, pero el 95% de ellos trabajan en concesiones ajenas, lo que representa uno de los principales obstáculos para su formalización.
A pesar de su contribución a la economía local y su vínculo con las raíces culturales del país, los mineros artesanales enfrentan enormes desafíos legales y estructurales. La falta de acceso a concesiones propias no solo limita su desarrollo económico, sino que los coloca en una posición vulnerable frente a las leyes, ya que operar sin autorización formal los acerca peligrosamente al margen de la ilegalidad.
La reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aprobada por el Congreso, extiende el plazo para la formalización hasta junio de 2025, con posibilidad de prórroga. Esta medida busca evitar que miles de mineros artesanales sean considerados ilegales, pero, según el especialista Pedro Yaranga, es solo un “calmante temporal” que no resuelve el problema de fondo. La autorización de las concesionarias sigue siendo una barrera que pocos pueden superar, ya que estas priorizan sus intereses económicos sobre los derechos de los mineros.
Uno de los problemas más críticos es la falta de diferenciación entre minería artesanal, informal e ilegal. Según Yaranga, los mineros ilegales operan en áreas prohibidas, como parques nacionales o riberas de ríos, utilizando químicos tóxicos que devastan el medio ambiente. En cambio, los mineros artesanales trabajan siguiendo prácticas tradicionales, respetando en gran medida el entorno natural y acudiendo a plantas de procesamiento autorizadas, como Paltarumi en Paramonga, para transformar los minerales extraídos.
Esta confusión no solo estigmatiza a los mineros artesanales, sino que dificulta la implementación de políticas diferenciadas y adecuadas para cada tipo de minería. Además, tras la pandemia, el aumento de la delincuencia organizada en las regiones mineras ha exacerbado los problemas del sector, desviando la atención de los verdaderos desafíos de la minería artesanal.
Aunque la ampliación del Reinfo evita que miles de mineros sean criminalizados, no ofrece soluciones concretas para avanzar hacia la formalización sostenible. Sin un acceso claro a concesiones propias y sin un enfoque político integral, los mineros artesanales seguirán enfrentando un ciclo interminable de obstáculos legales y económicos.
Los expertos coinciden en que la solución requiere un enfoque holístico. Esto incluye la realización de un censo nacional para identificar y categorizar a los mineros artesanales, informales e ilegales, y el fortalecimiento de la supervisión gubernamental para garantizar que las prácticas mineras cumplan con los estándares legales y ambientales.
