Por Eddie Cóndor Chuquiruna
Perú, como otros países de la región que han vivido en los últimos meses problemas de gobernabilidad democrática debido a la corrupción de autoridades concentración y abuso de poder y otras formas de atentados al estado de Derecho, camina a la “normalidad” en un clima de tensa calma y debilitamiento -progresivo- de la protesta social que alcanzó, para muchos, récord histórico.
El poder joven, una vez más y de modo claro, quedó demostrado. Fueron millones los movilizados, espontáneamente y sin paraguas político alguno, en cada capital de región y provincia.
Lima, una vez más, fue el epicentro de la protesta que creció con el olor a sangre del pueblo. La represión estatal, que fue feroz y direccionada, al cegarle la vida a dos de nuestros jóvenes, mostró el grado de decadencia de nuestra sociedad de cara al bicentenario. Mi homenaje, desde esta tribuna, para Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las condolencias del Perú honesto a sus familias.
La potencia del mensaje “también tengo derecho de insurgencia y resistencia a la opresión”, en orden al artículo 46 de la Constitución Política del Estado, en todo momento, sumado a la capacidad de indignación y claridad en la comprensión sobre la importancia de vivir sin corrupción, contagió y expulsó del Poder Ejecutivo a los golpistas Manuel Merino y Antero Flores y su gabinete de reciclados.
Como suele ocurrir desde hace bastante tiempo, en conflictos de este tipo, la información sobre la crisis política, que alcanzó su pico con la vacancia del presidente Martín Vizcarra, gracias al voto de 105 de los 130 congresistas que hacen a la representación nacional, estuvo plagada de mentiras y hedor a defensa -en todo momento- de la legalidad del atropello del Congreso. En esta mirada fueron cómplices la prensa, especialmente la capitalina, y los opinólogos de moda; que sirven a los intereses que nos tiene a peruanos y peruanas dando vueltas en el mismo fango desde hace décadas.
No hubo análisis de contexto, mucho menos apertura y comprensión de la importancia que tienen las demandas sociales; que siguen -peligrosamente- represadas por años. Primó una interpretación ciega desarraigada y de espaldas a la realidad sobre leyes e institutos jurídicos y políticos como “la incapacidad moral permanente”. Los acomodaticios y convenidos por un Estado al servicio de la corrupción y la impunidad, en ese sentido, con sus torcidas visiones de la crisis que nos acosa, también sumaron a la indignación y movilización multitudinaria de todas las sangres; a la que incluso un ministro del gabinete golpista calificó como orientada a “azuzar movimiento subversivos de salvajes que destruyen la ciudad”.
En esa línea de reflexión, resulta positivo para el país que tengamos nuevo presidente de Estado y presidenta del Congreso y en unos días Gabinete de estreno. Será por unos meses y, pese a ello, no debemos ser concesivos -socialmente- a no ser que afirmen alienten y profundicen las reformas (política, electoral, judicial, universitaria, etc) que están en la agenda pendiente del país. La gobernabilidad y pacificación del país, depende de la responsabilidad con la que se atienda estas demandas; pero sobre todo del compromiso que haya en la lucha contra la corrupción.
Los jóvenes, luego de lo vivido en estos días, están preparados para generar sus propias iniciativas ciudadanas; un nuevo proceso constituyente por ejemplo. Su potencia es nítida e irrefrenable. Haber logrado la caída de un gobierno usurpador no es poca cosa. En adelante, subestimar a los y las jóvenes siempre será un error.
