La empresa de transportes El Dorado vive sus momentos más críticos tras ser blanco de tres atentados en menos de una semana, lo que ha llevado a sus directivos a exigir garantías de seguridad al gobernador regional, César Acuña.
La ola de violencia ha obligado a la empresa a suspender sus operaciones en la ruta Trujillo – Puerto Malabrigo, dejando a cientos de pasajeros sin transporte.
Los atentados ocurrieron los días 9, 12 y 13 de febrero, y cada uno fue más grave que el anterior. Los dos primeros consistieron en ataques a balazos contra los vehículos de la empresa, causando daños materiales, pero sin heridos. Sin embargo, el tercer ataque marcó un nuevo nivel de violencia: delincuentes armados asaltaron a los pasajeros y, tras despojarlos de sus pertenencias, incendiaron el bus, dejando una escena de destrucción que ha generado profunda preocupación en la comunidad.
«Ya no se puede trabajar con tranquilidad», comentó uno de los conductores de El Dorado, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias. «Cada vez que salimos a la ruta, sentimos que nuestras vidas están en peligro. Necesitamos que las autoridades actúen antes de que ocurra una tragedia mayor».
Los pasajeros tampoco ocultan su temor ante la situación. Muchos de ellos dependen de esta ruta para sus actividades diarias y ahora se encuentran sin una opción segura de transporte. «Es una situación insostenible», señaló una usuaria habitual del servicio, quien lamenta la falta de medidas efectivas para frenar la ola de violencia en la zona.
Frente a esta realidad, la empresa ha hecho un llamado urgente al gobernador César Acuña para que garantice la seguridad de sus unidades y trabajadores. «No podemos exponer a nuestros conductores y pasajeros a esta situación», declararon en un comunicado. «Exigimos medidas inmediatas que frenen estos ataques y brinden seguridad a todos quienes transitan por esta ruta».
Hasta el momento, las autoridades han reforzado la presencia policial en las zonas críticas, pero los resultados aún no son visibles. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado investigaciones para identificar a los responsables de los atentados y establecer si forman parte de una red de extorsión que opera en la región.
Los atentados contra El Dorado no son casos aislados. En las últimas semanas, otras empresas de transporte también han sido blanco de ataques, lo que confirma el creciente problema de inseguridad en las rutas interprovinciales de La Libertad. Las bandas criminales, muchas de ellas dedicadas a la extorsión, utilizan el terror y la intimidación para exigir grandes sumas de dinero a cambio de «protección».
El gobernador regional, César Acuña, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el pedido de la empresa, pero se espera que en las próximas horas convoque a una reunión con representantes del sector transporte y las fuerzas de seguridad para delinear un plan de acción.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste. Los conductores de El Dorado han dejado claro que no reanudarán el servicio hasta que reciban garantías concretas de seguridad. «Nuestra prioridad es proteger a nuestro personal y a nuestros pasajeros», afirmaron los directivos de la empresa. «Esperamos que las autoridades estén a la altura de esta crisis y actúen antes de que sea demasiado tarde».
