La inseguridad en La Libertad ha escalado a niveles alarmantes, generando un fuerte enfrentamiento entre el sector empresarial y las autoridades regionales y nacionales. En medio de esta crisis, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Fernando Guerra Fernández, exigió la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por considerar que ha demostrado incapacidad para enfrentar el problema de la delincuencia en la región.
El reclamo de los empresarios llega en un contexto donde los índices de criminalidad siguen en aumento, mientras que las estrategias implementadas por el gobierno parecen insuficientes. Durante la entrega de 30 patrulleros a distintas comisarías de la región, el gobernador regional, César Acuña Peralta, aseguró que la lucha contra la delincuencia se ha fortalecido con la articulación de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la dura crítica de Guerra Fernández, quien desestimó el papel de las autoridades en la solución del problema.
El líder empresarial no solo exigió la salida de Santiváñez, sino que también rechazó las declaraciones de Acuña respecto a que los empresarios no colaboran con la seguridad en la región. «Ese es un error», afirmó, dejando claro que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Estado y no de los privados. «Más bien, nosotros somos las víctimas y el Estado es el que debe garantizar ambientes adecuados para los negocios y tranquilidad para los ciudadanos», sostuvo tajantemente.
Además, Guerra Fernández señaló que muchas autoridades ven a los empresarios como una «caja chica», insinuando que se espera que el sector privado asuma costos que en realidad competen al gobierno. En su opinión, el ministro Santiváñez debe ser reemplazado de inmediato por alguien más competente y comprometido con el problema. «Si un gerente no funciona, se tiene que retirar. El ministro no tiene idea de lo que pasa en el país, después de un año de gestión recién se da cuenta de que la Policía está desabastecida. Es inaceptable», enfatizó.
Previo a estas declaraciones, la Cámara de Comercio de La Libertad emitió un pronunciamiento oficial reafirmando su compromiso con el desarrollo de la región y desmintiendo la versión del gobernador Acuña. En el documento, se destaca que, de acuerdo con la ley, la gestión de la seguridad ciudadana y el cierre de brechas es una tarea exclusiva de las entidades públicas en sus tres niveles de gobierno.
El pronunciamiento también resalta la contribución del sector empresarial a la economía regional y nacional. Según la CCLL, el sector privado de La Libertad ha aportado alrededor de 3,486 millones de soles en impuestos a la Sunat al cierre del 2024, lo que ha permitido al Estado gestionar su presupuesto y atender brechas sociales. Además, se enfatiza que la región representa el 4.5% del PBI nacional, ubicándose como la tercera en importancia en el país.
Mientras los empresarios cuestionan la falta de resultados en seguridad, César Acuña ha insistido en que el combate contra la delincuencia debe ser un compromiso conjunto. Durante la entrega de patrulleros, el gobernador reiteró su postura al señalar que es «sordo» ante las críticas y que la seguridad es tarea de todos. También anunció que los alcaldes distritales y el provincial de Trujillo han sido incorporados al Consejo de Estado Regional (CER), con el objetivo de evaluar si la estrategia de seguridad basada en cuadrantes está funcionando.
El choque entre la CCLL y el gobierno regional refleja una fractura en la coordinación de esfuerzos para combatir la inseguridad en La Libertad. Mientras los empresarios exigen acciones concretas y cuestionan el liderazgo del ministro del Interior, las autoridades insisten en la necesidad de trabajar en conjunto. Sin embargo, la realidad en las calles parece alejada de los discursos, y la población sigue viviendo con miedo ante la ola de crímenes y extorsiones que afectan a la región.