Una resolución administrativa emitida en tiempo récord ha desatado un escándalo de gran magnitud en el agro peruano. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) autorizó el uso de recurso hídrico a la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A. mediante la Resolución Administrativa N° 573-2025-ANA-AAA.JZ.ALA.J, en un proceso que, según denuncian los gremios del sector, se realizó sin verificación de campo, sin indicar el volumen autorizado ni el área de riego. Todo se habría resuelto en apenas días, el 21 de julio de 2025, lo que pone bajo sospecha el procedimiento técnico y ético detrás del permiso.
La respuesta de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú ha sido inmediata y contundente. En un pronunciamiento público, la organización —que representa a miles de agricultores en todo el país— ha acusado a las autoridades del sector de corrupción, tráfico de influencias y priorización de intereses privados por encima de los derechos de los productores agrarios y del uso sostenible del agua.
El caso ha encendido las alarmas no solo por la irregularidad del proceso, sino también por los movimientos administrativos que lo acompañaron. Se removió al jefe de la ALA Jequetepeque, se cambió al secretario técnico del Consejo de Recursos Hídricos, y el expediente fue derivado a un profesional sin competencia directa en la evaluación de estos permisos. Para los usuarios, este manejo evidencia una cadena de favores y presiones políticas en favor de la agroindustria.
El pronunciamiento, dirigido a la presidenta Dina Boluarte, exige la destitución inmediata del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, y del jefe de la ANA, Genaro Musayón, a quienes acusan de mantener una gestión “ineficiente, improvisada y politizada”, ligada al fujimorismo.
El documento subraya que la administración de ambos ha resultado en un preocupante descenso en los indicadores de producción, ingresos y empleo rural, con una ejecución presupuestal que apenas llega al 35,6%, mientras que áreas estratégicas como sanidad agraria, innovación y planes hídricos permanecen abandonadas.
Además, la Junta Nacional cuestiona proyectos incumplidos como la “Línea Amarilla” y los “Núcleos Ejecutores”, iniciativas calificadas como “promesas vacías con presupuestos burlescos” que reflejan un total desconocimiento de las verdaderas urgencias del campo peruano.
Las acusaciones no se detienen ahí. El colectivo Integración Nacional Agraria (INA) ha alertado sobre la existencia de una presunta organización criminal dentro del MIDAGRI, enquistada en la gestión de Manero. Por ello, se exige la intervención urgente de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para investigar los procesos de asignación de recursos y ejecución de grandes obras.
La Junta Nacional también ha criticado el silencio de la Comisión Agraria del Congreso, al que califica de “cómplice”, por no investigar estas denuncias de corrupción.
El documento concluye con una advertencia directa: el futuro del agro peruano y la seguridad alimentaria e hídrica del país están en juego si no se toman decisiones inmediatas. “La dignidad de los agricultores no puede seguir siendo pisoteada por un modelo que premia al gran capital y castiga al pequeño productor”, subraya el texto.
