Expertos señalan que la crisis económica, la falta de oportunidades y los vacíos en la formalización minera están llevando a algunas comunidades a respaldar actividades ilícitas.
Los recientes enfrentamientos entre pobladores y autoridades durante operativos contra la minería ilegal en Huánuco y Cajamarca han encendido las alertas sobre el avance de estas actividades en el país. En Nueva Esperanza, Huánuco, unas 50 personas intentaron frustrar un operativo policial para destruir un campamento clandestino; mientras que en Hualgayoc, Cajamarca, alrededor de 80 pobladores irrumpieron en una comisaría para liberar a siete detenidos vinculados a esta actividad.
Para Dante Vera, especialista de V&C Analistas, el incremento del precio del oro y el cobre ha convertido a la minería en una alternativa más rentable que la agricultura, actividad que —según afirma— ha sido abandonada por el Estado. Edwin Guzmán, de Labor para el Desarrollo, añadió que la falta de servicios básicos y oportunidades económicas facilita que las comunidades vean en la minería ilegal una fuente inmediata de ingresos.
Los expertos también cuestionaron el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que muchos mineros ilegales lo utilizan como una protección temporal que dificulta la persecución penal. Además, advirtieron que este entorno favorece otras actividades ilícitas, como el tráfico de explosivos, la trata de personas y diversas formas de violencia.
Frente a este panorama, Vera y Guzmán coincidieron en que el Estado debe fortalecer su presencia en las zonas mineras, mejorar los servicios públicos y combatir no solo a los extractores ilegales, sino también a toda la cadena económica que sostiene esta actividad.
