La sierra de La Libertad no solo es escenario de masacres y violencia minera. También lo es de una silenciosa pero estructural penetración del poder político en el negocio extractivo. El caso de Octavio Raúl Rabanal Bautista, exasesor del Gobierno Regional de La Libertad durante la gestión de Luis Valdez Frías (APP), es un ejemplo revelador de los estrechos vínculos entre funcionarios públicos, concesiones mineras y partidos políticos.
Entre 2015 y 2018, Rabanal Bautista fue una de las figuras clave del entorno de Valdez Frías. En simultáneo al cierre de su labor como asesor, gestionó una concesión minera de 500 hectáreas en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, zona estratégica y altamente codiciada por su riqueza aurífera.
Lo más preocupante: el trámite fue presentado el 5 de noviembre de 2018, cuando Rabanal aún ejercía como funcionario público. Cuatro meses más tarde, en marzo de 2019, la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad –entonces a cargo de Ricardo Sandoval Pozo, hermano del actual ministro de Transportes César Sandoval– emitió una resolución favorable. La concesión metálica fue titulada como “Florcita de Urpay II”, adjudicada íntegramente a su nombre.
El hecho fue documentado por una investigación del programa Cuarto Poder, generando alarma por posibles conflictos de interés y el uso instrumental del cargo público para obtener beneficios económicos privados.
Consultado por el dominical, el abogado Helmut Olivera, director de la Clínica de Litigio Ambiental Científica, alertó sobre la gravedad del caso. “Aquí no solo hay una omisión ética, sino posibles responsabilidades administrativas y penales. La ley exige incompatibilidades claras entre la función pública y el aprovechamiento directo de recursos del Estado, más aún en el ámbito minero”.
El caso de Rabanal no es aislado, sino parte de una red más amplia de nexos entre la minería informal y las organizaciones políticas, muchas de las cuales controlan gobiernos regionales o locales.
La investigación de Cuarto Poder identificó a 168 mineros informales con inscripción vigente en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), de los cuales más del 60% están vinculados a partidos políticos.
El partido con más afiliados en esta lista es Alianza para el Progreso (APP) con un 26.7% de los casos, seguido por Un Camino Diferente (12.5%), Bicentenario La Libertad (11.3%), Somos Perú (8.9%) y Podemos Perú (7.7%). El resto se distribuye entre agrupaciones menores.
Entre los afiliados a APP no solo figura Rabanal. También destaca Justo Antenor Villalobos Inga, operador minero cuya flota de volquetes fue detectada transportando oro valorizado en 3.8 millones de dólares entre enero y agosto de 2024. Otro nombre relevante es José Carlos La Rosa Toro Gómez, exalcalde distrital de Pataz, ahora precandidato por Somos Perú, con REINFO vigente y un historial de vinculaciones con la minería informal en la zona.
El Estado ausente, la minería presente
Estos hallazgos revelan una preocupante captura de las políticas mineras por parte de actores políticos con intereses privados, que no solo acceden a concesiones mediante procedimientos opacos, sino que también condicionan la distribución de recursos de seguridad, inversiones públicas y presencia estatal.
