En una nueva y alarmante arista del caso que estremece a La Libertad, Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de 13 trabajadores de seguridad en una mina de Pataz, confesó haber pagado a un periodista para “limpiar” su imagen.
La información fue revelada por el programa Cuarto Poder, que accedió a conversaciones entre Rodríguez y su exabogada y pareja sentimental, Liliana Estefany Pizán Chirado, actualmente detenida en Perú por los presuntos delitos de lavado de activos y pertenencia a organización criminal.
En los audios, Rodríguez admite: “Estoy que lo pago a la prensa para nuestro favor. Él mismo puso su precio… el del canal”. Según la Fiscalía Provincial contra la Criminalidad Organizada, esta declaración no solo prueba una estrategia deliberada de manipulación mediática, sino que también implica a un supuesto periodista —cuya identidad aún no ha sido revelada— en la recepción de 20 mil soles a cambio de modificar la narrativa pública sobre el implicado.
La cifra, si bien no escandalosa en el plano económico, lo es en términos de impacto: se habría buscado influenciar la opinión pública en medio de uno de los casos criminales más graves del país.
Los chats y audios interceptados por las autoridades muestran que Liliana Pizán fue pieza clave en esta operación de encubrimiento. No solo gestionó los bienes del presunto criminal y lo habría ayudado a fugar a Colombia, sino que también lo asesoró sobre cómo debía dirigirse a los medios.
En uno de los mensajes más reveladores, Pizán le advierte:
“(El supuesto periodista) es mi promo de la universidad, no le digas que estoy como tu abogada, entre menos gente sepa, mejor, si no me van a involucrar. Ya te dije, ten cuidado con la información que das”.
Estas conversaciones dibujan un escenario más complejo que el de una simple fuga: muestran un intento orquestado por controlar los discursos en medios de comunicación y desviar la atención pública y judicial hacia otras bandas criminales, en una clara estrategia de manipulación informativa.
Esta revelación no solo pone bajo el foco al entorno criminal de Rodríguez, sino también a una parte del ecosistema mediático peruano que, según estos indicios, habría sido susceptible a la corrupción. Si bien se trata —hasta ahora— de un caso aislado y aún bajo investigación, el hecho reabre un debate profundo sobre la ética periodística, la credibilidad de los medios y su rol frente al crimen organizado.
Rodríguez Díaz fue capturado en Medellín (Colombia) en abril de este año, tras una coordinación entre la Fiscalía peruana, la Policía Nacional, Interpol y autoridades colombianas. Está acusado de liderar una organización criminal responsable de la ejecución de 13 vigilantes en una mina informal de Pataz, como parte de una guerra territorial por el control del oro. El caso generó conmoción nacional e impulsó la declaración de estado de emergencia en varias provincias de la sierra liberteña.
La investigación continúa mientras Perú tramita su extradición, que se ha visto fortalecida con estas nuevas pruebas de intento de manipulación mediática, que podrían configurar delitos adicionales como obstrucción a la justicia y corrupción de funcionarios.
