La crisis en el sistema de rehabilitación juvenil de La Libertad alcanzó un punto crítico. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la suspensión temporal del ingreso de nuevos adolescentes infractores al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, conocido como exFloresta, luego de constatar una alarmante sobrepoblación que supera ampliamente su capacidad instalada.
La decisión fue adoptada tras una visita de inspección realizada por el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, quien verificó personalmente las condiciones en las que operan las instalaciones. El establecimiento fue diseñado para albergar a 106 internos, pero actualmente mantiene a 258 adolescentes y jóvenes privados de libertad, más del doble de su capacidad.
La situación ha encendido las alertas debido a los riesgos que implica para la seguridad de trabajadores, internos y de la propia población.
El centro juvenil más hacinado del Perú
Durante su recorrido por las instalaciones, el titular del Ministerio de Justicia calificó la situación como una de las más complejas del país.
“Este es el centro que tiene más sobrepoblación de todo el país y que, además, tiene adolescentes infractores de mucho cuidado”, manifestó.
Frente a este escenario, anunció que se comunicará oficialmente a las autoridades competentes la suspensión temporal de nuevos ingresos al recinto.
La medida busca evitar que el problema continúe agravándose y reducir los riesgos asociados al hacinamiento, una situación que afecta directamente las condiciones de rehabilitación y seguridad dentro del establecimiento.
Delitos graves predominan entre los internos
La problemática no solo está relacionada con la cantidad de internos, sino también con la naturaleza de los delitos cometidos.
Según informó el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), Luis Vega, entre las principales infracciones registradas en la exFloresta figuran el robo agravado, la extorsión, la tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, así como casos vinculados al sicariato.
Posteriormente aparecen delitos relacionados con agresiones sexuales y hurto agravado.
La presencia de adolescentes vinculados a organizaciones criminales ha incrementado la complejidad del manejo interno y los desafíos para los programas de reinserción social.
El impacto de una decisión del Tribunal Constitucional
El problema del hacinamiento se agravó durante los últimos meses debido a cambios en el tratamiento legal de adolescentes involucrados en delitos graves.
A inicios de año, el gerente regional de Defensa Nacional de La Libertad, Edwin Dávila Paredes, advirtió que la situación podía volverse insostenible tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la Ley 32330.
Dicha norma permitía que adolescentes de 16 y 17 años fueran juzgados como adultos en determinados casos.
Como consecuencia, alrededor de veinte menores que permanecían recluidos en el penal El Milagro por delitos vinculados principalmente a la extorsión tuvieron que ser trasladados a la exFloresta, incrementando aún más la sobrepoblación.
Un problema adicional: internos que ya son mayores de edad
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que aproximadamente la mitad de la población del centro juvenil ya cumplió la mayoría de edad.
De acuerdo con cifras del PRONACEJ, alrededor de 130 de los 258 internos tienen actualmente más de 18 años.
Sin embargo, debido al marco legal vigente, estas personas deben permanecer en el sistema juvenil hasta concluir las medidas socioeducativas que les fueron impuestas cuando eran menores.
Esta situación genera un desafío adicional para la administración del establecimiento, ya que conviven adolescentes y jóvenes adultos dentro de un mismo recinto.
¿Deben los mayores de edad terminar sus condenas en prisión?
Ante este escenario, el director ejecutivo del PRONACEJ planteó la necesidad de revisar la legislación peruana.
Según explicó, en varios países de la región los adolescentes son juzgados bajo regímenes especiales hasta los 18 años, pero una vez alcanzada la mayoría de edad son trasladados a establecimientos penitenciarios para culminar el cumplimiento de sus sanciones.
La propuesta busca aliviar la sobrecarga de los centros juveniles y adecuar las medidas a la realidad actual de la criminalidad juvenil.
Las autoridades también vienen impulsando otras medidas para evitar el colapso de los centros cerrados.
Una de ellas consiste en solicitar al Poder Judicial que determinados delitos considerados menos graves puedan cumplir medidas socioeducativas en centros de medio abierto o bajo regímenes alternativos a la privación efectiva de la libertad.
La intención es reservar los espacios disponibles para los casos de mayor peligrosidad y reducir progresivamente la presión sobre los establecimientos especializados.
La situación de la exFloresta refleja una problemática nacional vinculada al incremento de adolescentes involucrados en delitos graves y la limitada capacidad de respuesta del sistema de rehabilitación juvenil.
Mientras se discuten posibles reformas legales y medidas de emergencia, las autoridades buscan evitar que el hacinamiento continúe deteriorando las condiciones de seguridad y rehabilitación dentro del principal centro juvenil de La Libertad.
Por ahora, la suspensión temporal de ingresos representa una medida extraordinaria frente a una realidad que pone en evidencia las limitaciones estructurales del sistema y la necesidad de replantear las políticas de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal.
