El Poder Judicial ha ratificado, en segunda instancia, la condena contra Carlos Antonio Vargas Corpancho, exjefe del Servicio de Radioterapia de EsSalud, por el delito de cohecho pasivo propio al cobrar a pacientes con cáncer para adelantar su tratamiento. La sentencia, emitida por la Sala Liquidadora y de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, impone ocho años de prisión efectiva, inhabilitación para ejercer cualquier función pública, y el pago de S/25,000 como reparación civil al Estado.
Según la investigación de la Fiscalía, Vargas Corpancho, en su rol como médico radioterapeuta y jefe del Servicio de Radioterapia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de EsSalud, exigió pagos irregulares entre junio de 2011 y septiembre de 2012.
Estas sumas, que oscilaban entre S/1500 y S/5000, fueron solicitadas a pacientes oncológicas para garantizarles una atención prioritaria en los tratamientos de radioterapia, afectando así a otros pacientes que ya se encontraban en lista de espera.
El acusado aprovechaba su posición de poder, ya que su cargo le permitía definir el plan de tratamiento y la programación de las sesiones de radioterapia. En al menos tres casos documentados, solicitó dinero a mujeres diagnosticadas con cáncer, dos de las cuales accedieron al pago, mientras que una tercera, al rechazar la propuesta, optó por cambiar de médico y denunció la irregularidad.
El proceso judicial contra Vargas Corpancho estuvo marcado por múltiples apelaciones por parte de su defensa, quienes rechazaron los cargos en tres ocasiones. Sin embargo, durante las audiencias, la fiscal adjunta superior Katerine Salazar Calderón Samalvides ratificó las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, sustentando las pruebas que demostraban el delito.
La fiscal adjunta provincial de corrupción Karen Silvana Farfán Mita, quien lideró el caso en primera instancia, logró que se dictara una sentencia condenatoria en contra del acusado, quien ya cumplía con una condena previa de 12 años por un caso similar. Después de 14 sesiones de apelación, la Sala Liquidadora finalmente ratificó la condena, reafirmando la gravedad de los delitos cometidos.
La decisión judicial no solo confirma los ocho años de prisión efectiva para Vargas Corpancho, sino que también impone su inhabilitación para ejercer funciones públicas y exige el pago de una reparación civil al Estado. Este caso ha generado indignación en la opinión pública debido a la naturaleza del delito, que afectó a personas en condiciones vulnerables, y pone en evidencia los problemas de corrupción dentro del sistema de salud.
El exfuncionario ya había sido condenado a 12 años de prisión por otro delito similar, lo que subraya un patrón de conducta en el uso indebido de su posición como médico y jefe de servicio. Esta nueva condena refuerza el compromiso del sistema judicial en sancionar actos de corrupción que vulneran los derechos de los pacientes y afectan la integridad del sistema de salud pública.
