La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, interpuso una denuncia constitucional contra seis congresistas de la República, acusados de presunto peculado doloso por el uso indebido de recursos públicos al haber asistido, con presupuesto del Congreso, al cumpleaños del parlamentario liberteño Diego Bazán Calderón.
Los parlamentarios involucrados son Kira Alcarraz Agüero, María Del Carmen Alva Prieto, Patricia Chirinos Venegas, Edward Málaga Trillo, Jorge Zeballos Aponte y Diego Bazán Calderón. Además, la denuncia incluye a la congresista Rosangella Barbarán Reyes, aunque en un grado distinto por tentativa de delito.
La denuncia se centra en un viaje realizado el 11 de febrero de 2023, cuando los congresistas presuntamente utilizaron boletos aéreos pagados por el Congreso de la República para viajar a Trujillo. Según la Fiscalía, el propósito del viaje no era cumplir con funciones legislativas ni actividades oficiales, sino asistir a la celebración del cumpleaños del congresista Diego Bazán Calderón. Esto, de acuerdo con la acusación, representa un uso indebido de los recursos del Estado, configurando el delito de peculado doloso.
El delito de peculado doloso, tipificado en el Código Penal, se refiere al uso indebido de bienes o recursos públicos para fines personales o ajenos a las funciones oficiales, lo cual constituye una grave infracción a las normas éticas y legales que rigen el ejercicio de la función pública.
En el caso de Rosangella Barbarán Reyes, aunque no concretó el viaje, la denuncia sostiene que intentó gestionar un boleto aéreo con cargo al Congreso para asistir a la misma celebración en Trujillo. La Fiscalía considera que esta acción constituye peculado doloso en grado de tentativa, dado que Barbarán buscó utilizar recursos públicos para un fin privado.
La denuncia presentada por la Fiscalía pone en evidencia un presunto uso inapropiado de los recursos públicos, lo que ha generado indignación en la ciudadanía. De confirmarse las acusaciones, los congresistas implicados podrían enfrentar no solo sanciones legales, sino también un impacto en su carrera política y reputación.
La acción de la Fiscalía también subraya la importancia de un uso transparente y ético de los recursos públicos por parte de los representantes elegidos, especialmente en un contexto en el que la confianza en las instituciones está en constante evaluación por la población.
