La madrugada del domingo, un estruendo sacudió la tranquilidad de la calle Progreso, en la localidad de Calamarca, en la provincia de Julcán de la sierra de La Libertad. Un artefacto explosivo fue detonado en la fachada de una vivienda de dos pisos, recientemente construida, ocasionando daños materiales considerables. La explosión dejó una perforación en la puerta principal y destrozó los vidrios de las ventanas, generando pánico entre los vecinos, quienes temen que este sea un nuevo caso de extorsión, una modalidad delictiva que sigue azotando diversas regiones del país.
Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazaron rápidamente hasta el lugar para evaluar los daños y recabar información sobre el atentado. La propietaria de la vivienda, M.R.S., de 34 años, manifestó a las autoridades que hasta el momento no ha recibido ningún mensaje extorsivo ni amenazas previas, por lo que desconoce los motivos detrás de este ataque. Sin embargo, el modus operandi coincide con otros atentados registrados en los últimos meses, en los que grupos criminales utilizan explosivos como herramienta de amedrentamiento para exigir pagos a sus víctimas.
Los agentes policiales han iniciado las investigaciones para determinar si se trata de un caso de extorsión o si el atentado tiene otra motivación. Mientras tanto, el miedo y la incertidumbre han crecido en la comunidad de Calamarca, donde los residentes piden mayor seguridad y vigilancia ante el aumento de este tipo de hechos violentos.
El uso de explosivos como método de intimidación ha ido en aumento en diversas localidades del país, siendo Trujillo y otras ciudades de La Libertad focos de alerta para las autoridades. Los extorsionadores, muchas veces vinculados a organizaciones criminales, emplean estos ataques para presionar a empresarios, comerciantes y ciudadanos a pagar sumas de dinero a cambio de su «seguridad». Sin embargo, la situación se agrava cuando las víctimas, por temor, optan por no denunciar, permitiendo que los delincuentes actúen con impunidad.
