La escalada de atentados con dinamita que golpea a Trujillo en los últimos meses no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Detrás de las explosiones, extorsiones y ataques a viviendas y negocios existe una cadena más amplia y peligrosa que nace en la sierra liberteña, específicamente en zonas dominadas por la minería informal e ilegal. Así lo advierte Ángel Santoyo Iñoñán, brigadier PNP en retiro y exintegrante de la Unidad de Desactivación de Explosivos, con más de tres décadas de experiencia enfrentando artefactos de alto poder destructivo.
Para Santoyo, lo que hoy vive Trujillo es un “daño colateral” de la minería ilegal que opera en provincias como Pataz. Según explica, el desvío sistemático de explosivos desde operaciones mineras informales —e incluso desde polvorines formales— ha permitido que cartuchos de dinamita y emulsión roja terminen en manos de organizaciones criminales que hoy extorsionan y siembran terror en la capital regional. “Allí se está dando la fuga de los explosivos. Lo que vemos en Trujillo es la consecuencia directa de ese descontrol”, sostiene.
El exespecialista es enfático al señalar que cada cartucho de explosivo cuenta con un código de identificación que permitiría rastrear su origen y al comprador. Sin embargo, la fiscalización es prácticamente inexistente. “El problema no es la trazabilidad, sino que no se está controlando. Los polvorines se han convertido en puntos críticos de la cadena criminal”, advierte. En ese vacío estatal, la dinamita y la emulsión roja —explosivos diseñados para fracturar roca— pasan del ámbito minero a la delincuencia organizada.
Santoyo alerta además que el patrón de violencia actual reproduce tácticas propias del terrorismo que el Perú sufrió en las décadas de 1980 y 1990. “Desde el momento en que se usan explosivos para infundir miedo y paralizar la economía, esto es terrorismo”, afirma. El objetivo, explica, no es solo causar daño material, sino someter psicológicamente a la población y a los comerciantes mediante el terror.
Como ejemplo del nivel de riesgo, menciona el atentado frustrado en el mercado Los Portales, en la urbanización La Rinconada, donde se hallaron 25 cartuchos de emulsión roja. De haberse producido la detonación, el radio de destrucción habría alcanzado al menos media cuadra. “No hablamos de explosivos caseros, sino de cargas industriales capaces de provocar muertes masivas y colapsos estructurales”, remarca.
A este escenario se suma otro factor crítico: la falta de capacitación en explosivos entre muchos policías en actividad. Santoyo relata que, durante charlas brindadas recientemente, constató un desconocimiento alarmante. “Algunos no sabían identificar una granada”, afirma. En regiones donde el crimen ha incorporado explosivos como herramienta habitual, la formación especializada ya no es opcional, sino una urgencia.
La precariedad del sistema UDEX en La Libertad agrava aún más el problema. Según el exbrigadier, actualmente solo cuatro efectivos especializados cubren toda la región, y además carecen de equipamiento suficiente. “Con lo que estamos viviendo, deberían ser entre 15 y 20 agentes especializados como mínimo”, advierte, subrayando que la capacidad de respuesta está muy por debajo del nivel de amenaza.
Frente a la proliferación de atentados y objetos sospechosos, Santoyo lanza una advertencia clara a la ciudadanía: no manipular ningún paquete extraño y alertar de inmediato a la Policía Nacional del Perú. Recomienda además alejarse al menos 50 metros del lugar. “Las ondas expansivas son devastadoras; incluso explosiones pequeñas pueden causar lesiones graves a distancia”, enfatiza.
La violencia con explosivos que hoy sacude a Trujillo revela así una crisis que va más allá de la ciudad. Sin control efectivo de la minería informal e ilegal, sin fiscalización real de los explosivos y sin un fortalecimiento urgente de la UDEX, el riesgo seguirá latente, con consecuencias potencialmente catastróficas para la población.
