La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) denegó de manera definitiva la inscripción de Frank Sánchez Izquierdo como presidente del Directorio de SEDALIB, al no haberse subsanado las observaciones formuladas al acto que pretendía remover a Percy Rosario Martell, quien continúa legalmente reconocido como director y presidente del Directorio de la empresa de saneamiento.
La decisión quedó formalizada mediante la esquela de observación del 30 de enero de 2026, en la que el ente registral rechazó la reconsideración presentada por la actual administración de SEDALIB. Con ello, SUNARP dejó firme la observación previa y dio por vencido el plazo de subsanación del título registral N.° 2025-03252457, cuyo estado nunca llegó a figurar como “reingresado por subsanación” en el sistema, confirmándose que solo se presentó la copia de la esquela para su recojo por mesa de partes.
El acta observada y la incongruencia clave
El fondo del problema se origina en el acta de Junta General de Accionistas del 22 de julio de 2025, en la que se consigna como secretario a Víctor Manuel Gutiérrez Muñoz, pese a que dicho funcionario había sido removido cuatro días antes, el 18 de julio de 2025, conforme consta en el acta respectiva. Para SUNARP, esta incongruencia podía subsanarse únicamente mediante un acta de reapertura o un acta aclaratoria, mecanismos formales que permiten corregir errores en documentos societarios.
Sin embargo, el representante legal de SEDALIB, Joao Velarde Arteaga, optó por presentar copias de un escrito simple, recurso que el registro calificó como insuficiente e improcedente. De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, uno o más integrantes de la Junta General de Accionistas se habrían negado a reabrir el acta o a suscribir un documento aclaratorio, cerrando así la posibilidad de subsanación dentro del plazo legal.
La remoción que nunca existió
El título presentado ante SUNARP solicitaba la remoción de directores de una sociedad anónima, específicamente de Percy Rosario Martell, quien fue elegido director de SEDALIB en febrero de 2024 por acuerdo del Concejo Provincial de Trujillo y, posteriormente, designado presidente del Directorio. Dicho nombramiento fue debidamente inscrito y reconocido por SUNARP por un periodo de tres años, hasta febrero de 2027.
La observación en este extremo fue calificada como insubsanable. SUNARP precisó que solo la entidad que designa a un director está facultada para removerlo, es decir, el Concejo Provincial de Trujillo. No solo no existe un acuerdo de concejo que disponga la remoción, sino que, por el contrario, el Concejo ha ratificado recientemente a Percy Rosario Martell en el cargo, reforzando la plena vigencia de su mandato.
Con la denegatoria definitiva, queda firme el reconocimiento registral de Rosario Martell como presidente del Directorio de SEDALIB, y sin efecto cualquier intento administrativo de desplazarlo sin el sustento legal correspondiente.
Usurpación de funciones y posibles responsabilidades políticas
Pese a la contundencia del pronunciamiento registral, Frank Sánchez Izquierdo continúa ejerciendo funciones como presidente de SEDALIB desde julio de 2025, situación por la cual ha sido denunciado por presunta usurpación de funciones, una conducta que —según especialistas— se configura cuando una persona ejerce un cargo público o societario sin título válido.
En paralelo, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, también estaría expuesto a una eventual causal de suspensión, al no ejecutar los acuerdos del Concejo Provincial que designaron y ratificaron a Percy Rosario Martell. Ambos, siendo abogados, han sostenido públicamente que la inscripción en SUNARP sería “solo referencial”, una interpretación que contraviene la naturaleza constitutiva y oponible del registro en materia societaria.
Impacto institucional en SEDALIB
Esta disputa legal y política ha generado una profunda desestabilización en SEDALIB, reflejada —según diversas fuentes internas— en la parálisis de proyectos estratégicos que ya se encontraban encaminados durante la gestión anterior. La falta de seguridad jurídica en la conducción del Directorio ha afectado la toma de decisiones, la relación con proveedores y la planificación de inversiones clave en el servicio de agua y saneamiento para Trujillo y distritos aledaños.
La resolución de SUNARP marca un punto de quiebre: ratifica quién ostenta la representación legal del Directorio y deja en evidencia las consecuencias de desconocer los procedimientos societarios y los acuerdos de concejo. En adelante, cualquier actuación administrativa o contractual realizada al margen de esta definición podría quedar bajo cuestionamiento legal.
