Pataz, la provincia enclavada entre montañas y vetas de oro en el ande liberteño, no solo es sinónimo de riqueza mineral. También lo es de conflicto, control territorial y una institucionalidad fracturada. En este escenario de tensión y silencio, nuevas denuncias emergen como ecos de una realidad que se vive, pero pocos se atreven a contar: contratistas mineros aseguran estar siendo víctimas de un sistema de cobros extorsivos orquestado por ronderos y militares.
Los testimonios recabados por Causa Justa exponen un modus operandi irregular que se habría institucionalizado en los últimos meses dentro de los anexos mineros de Pataz, donde los actores encargados —al menos en el papel— de proteger el orden, estarían cobrando “cuotas” para permitir el desarrollo de actividades económicas.
«Nos están obligando a pagar para poder trabajar. Si no lo hacemos, bloquean tranqueras o amenazan con retener a los conductores. No es seguridad, es extorsión disfrazada», denunció un representante de una de las empresas afectadas, bajo estricta reserva.
PAGAR O NO PASAR
Según fuentes vinculadas a varias contratistas que operan en la zona, las rondas campesinas, en supuesta coordinación con efectivos del Ejército del Perú, habrían montado un sistema de peajes ilegales en las rutas de acceso hacia campamentos y operaciones mineras.
La lógica del “pagar o no pasar” se ha impuesto: 100 soles por cada trabajador para ingresar a las zonas de faena; entre 3,000 y 5,000 soles por camioneta que traslade víveres o suministros. Estos pagos, según denuncian, no tienen respaldo legal alguno ni están vinculados a programas de seguridad formal.
En el centro de las acusaciones aparecen dos nombres: Jhony, presunto dirigente de una ronda comunal que lideraría el cobro de cuotas en los anexos; y un coronel del Ejército de apellido Avellaneda, quien, de acuerdo con los denunciantes, habría brindado respaldo operativo a este esquema.
Las tranqueras comunales, que en teoría fueron colocadas para velar por la seguridad territorial, se han convertido en puntos de control informal pero efectivo: espacios donde ronderos armados, muchas veces con apoyo de militares, deciden quién entra y quién no, en función del dinero recibido.
FALTA DE PRESENCIA ESTATAL
Lo que más preocupa a los empresarios no es solo el dinero perdido, sino la ausencia de instituciones que los respalden. No hay fiscales, ni operativos de control, ni autoridad que intervenga. La Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia, y el Ministerio Público ha optado por el silencio.
“Sabemos que denunciar abiertamente puede traernos represalias. Ya ha ocurrido antes. La única forma de operar en Pataz ahora es pagar ‘cupos’ para trabajar, como si el Estado no existiera”, agrega otro contratista.
La situación ha generado un clima de miedo y sumisión. Nadie se atreve a grabar, a presentar una denuncia formal con nombre propio, ni siquiera a contactar medios nacionales. El temor a ser atacados o expulsados de la zona supera el deseo de justicia.
UN MODELO QUE SE REPLICA
Este tipo de esquemas no es nuevo en la región. Durante los últimos años, se ha documentado cómo rondas campesinas y mafias de minería ilegal han generado sistemas paralelos de poder, sustituyendo la institucionalidad formal por el miedo y la coacción.
Pero que miembros del Ejército aparezcan vinculados a esta estructura de cobros ilegales en Pataz añade una nueva capa de gravedad: la del uso de la fuerza pública en beneficio de redes no reguladas. Si se comprueba esta connivencia, estaríamos ante un grave caso de corrupción institucional armada.
Los empresarios exigen una intervención inmediata del Ministerio Público, así como el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Gobierno Regional de La Libertad.
Pero mientras no se actúe con firmeza, los denunciantes anticipan que la situación podría escalar: más cobros, más bloqueos, más amenazas. Y con ello, una mayor pérdida de confianza en el Estado y en la posibilidad de trabajar bajo el amparo de la ley.
“Pataz se ha convertido en tierra de nadie, donde el que impone reglas no es el Estado, sino el que tiene armas, rondas o uniforme”, concluye la fuente.
