En un acto que busca marcar un precedente de integridad pública en el contexto electoral, el Gobierno Regional de La Libertad y diversas autoridades provinciales y distritales suscribieron el “pacto de rechazo al proselitismo político”, una medida promovida por la Comisión Regional Anticorrupción con miras a las elecciones generales del 2026. La ceremonia se realizó en Trujillo y congregó a representantes clave del aparato estatal, quienes asumieron el compromiso de blindar sus entidades frente al uso político indebido de recursos públicos.
La firma de este pacto no es solo simbólica. Implica la puesta en marcha de acciones concretas que garanticen neutralidad institucional en tiempos electorales. Desde ahora, los firmantes están llamados a implementar mecanismos de control interno, fortalecer la transparencia, capacitar a su personal en buenas prácticas, y establecer protocolos que impidan la manipulación de bienes y servicios estatales con fines partidarios. La ciudadanía, cansada de ver cómo en cada campaña electoral se instrumentalizan los programas públicos, ve con esperanza este compromiso ético.
El pacto firmado contempla, además, cuatro principios clave: neutralidad absoluta en el uso de recursos humanos, económicos y logísticos; respeto a la institucionalidad, estableciendo una clara separación entre funciones gubernamentales y actividades proselitistas; transparencia en decisiones y acciones administrativas; y finalmente, promoción de la fiscalización ciudadana con una política activa de rendición de cuentas.
El objetivo es uno: consolidar una cultura de integridad que frene de raíz prácticas que han erosionado por años la confianza ciudadana. La Comisión Regional Anticorrupción, amparada en el Decreto Supremo N.º 169-2021-PCM, será la encargada de monitorear, asesorar y acompañar el proceso de cumplimiento de este pacto.
Las autoridades que estamparon su firma sobre este documento histórico fueron la vicegobernadora regional Joana Cabrera, el alcalde provincial de Trujillo Mario Reyna, el alcalde distrital de Florencia de Mora Wilson Toribio, la presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción Cecilia Milagros León Velásquez, el secretario técnico Nelson Lozano, el director del Ministerio de Relaciones Exteriores en Trujillo Jorge León, la jefa de la Defensoría del Pueblo María del Carmen Olortegui, la representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Mercedes Eusebio, y el obispo auxiliar Francisco Castro.
Todos coinciden en que la firma es apenas el primer paso. “No basta con un acto público. Necesitamos vigilancia constante, y que la ciudadanía asuma también su rol fiscalizador”, señaló Cecilia León. En la misma línea, Mario Reyna se comprometió a emitir ordenanzas municipales que refuercen los compromisos asumidos.
En un país donde el aprovechamiento de recursos estatales durante las campañas es una constante, este tipo de iniciativas adquieren una dimensión crucial. El gran desafío será lograr que estas promesas no se queden en el papel. Solo con decisiones firmes, vigilancia ciudadana y voluntad política, se podrá garantizar que las elecciones del 2026 se desarrollen en un marco de equidad, ética y respeto a la función pública.
