En un alarmante episodio de violencia y abuso, extorsionadores han comenzado a exigir “cupos” a comedores populares en Trujillo, afectando a organizaciones que proveen alimentos a personas en situación de vulnerabilidad extrema.
Estos comedores, gestionados por trabajadoras comprometidas con la lucha contra el hambre, se encuentran ahora bajo el asedio de bandas criminales que, bajo el pretexto de las «ganancias» generadas, exigen pagos a cambio de “protección”, sumiendo en el miedo a quienes trabajan día a día para sostener a sus comunidades.
Los comedores populares en Trujillo cumplen un rol fundamental en la lucha contra la pobreza, ofreciendo menús completos por apenas S/ 1.50. Este precio simbólico se destina exclusivamente a la compra de ingredientes básicos para el menú del día siguiente, como cebolla, aderezos y otros productos esenciales que no cubren los programas de alimentos.
Cada mes, estos comedores reciben cinco tipos de alimentos, incluyendo arroz, aceite, menestras y filete, los cuales permiten una dieta balanceada para los beneficiarios, aunque limitada en variedad.
Este modelo de autogestión ha sido una solución efectiva y sostenible para ayudar a miles de personas que dependen de estos servicios para alimentarse. Sin embargo, con la intervención de extorsionadores, esta red de apoyo se enfrenta a una nueva y peligrosa amenaza.
Las trabajadoras de los comedores populares, en su mayoría mujeres que dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de los más necesitados, ahora viven con el temor de sufrir represalias si no cumplen con las demandas económicas de estas bandas. El “cupo” exigido representa una carga insostenible para los comedores, que operan con presupuestos mínimos y sin fines de lucro. Cada sol recaudado se utiliza para comprar ingredientes necesarios, por lo que el desvío de estos fondos pondría en riesgo la continuidad de las operaciones.
La extorsión no solo pone en peligro la seguridad de las trabajadoras, sino que también amenaza con desestabilizar la fuente de alimentos de las comunidades en situación de pobreza. Los comedores populares funcionan como una tabla de salvación para cientos de personas que, ante la falta de recursos, dependen de estas comidas para sobrevivir. Al imponer una “tarifa de protección”, los extorsionadores convierten en blanco de violencia a una población ya golpeada por la pobreza.
Según la Subgerencia de Programas Alimentarios de Trujillo, estos casos de extorsión son una clara muestra de cómo las bandas delictivas han expandido sus actividades, buscando nuevas fuentes de ingresos en lugares donde la necesidad es inmensa. Para muchos, la urgencia de una intervención por parte de las autoridades es indiscutible. Las trabajadoras de los comedores han alzado su voz, pidiendo apoyo y protección para poder continuar con su labor sin temor a represalias.
