La lupa de la justicia se posó sobre el propio ente fiscalizador. Dos magistrados de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios llegaron desde Lima y el último miércoles iniciaron diligencias en la sede de la Gerencia Regional de Control de La Libertad, ubicada en Trujillo.
Los fiscales ingresaron a las oficinas y recabaron documentación e información clave vinculada a las actividades del órgano de control, en el marco de una investigación que se maneja con estricto hermetismo.
Un día después, mediante comunicado oficial, la Contraloría General de la República saludó la intervención fiscal y exhortó a que las pesquisas se realicen con el mayor rigor posible, asegurando que se aplique “todo el peso de la ley a quienes resulten responsables”.
La institución recordó que entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 ejecutó 11 servicios de control simultáneo en la región y mantiene bajo indagación el programa Procompite 2023, en el que se manejaron millonarios fondos para proyectos de emprendimiento.
Si bien la Fiscalía no ha revelado detalles, fuentes cercanas al proceso no descartan que las pesquisas apunten a presuntos vínculos entre el actual gerente regional de control, William León, y el gobernador liberteño César Acuña Peralta, líder del partido Alianza para el Progreso (APP).
La investigación abre un capítulo sin precedentes: la fiscalización a la propia Contraloría, institución que hasta ahora había sido el organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos en La Libertad.
