La Fiscalía volvió a poner bajo evaluación la actuación del periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, luego de que el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde remitiera un informe al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, planteando que existen elementos para investigar un presunto delito de cohecho activo específico.
El documento sostiene que la relación entre Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez habría derivado en un supuesto intercambio de beneficios, una hipótesis que deberá ser evaluada por la máxima autoridad del Ministerio Público.
La nueva posición del fiscal marca un giro respecto al criterio adoptado en 2025, cuando el caso fue archivado al concluirse que no existían elementos con relevancia penal. Tras una disposición de una instancia superior, el expediente fue nuevamente revisado.
Pronunciamientos
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que la relación entre reporteros y sus fuentes constituye una práctica esencial del periodismo de investigación y expresó su preocupación ante cualquier interpretación que pueda afectar la reserva y el trabajo informativo.
La Fiscalía de la Nación deberá revisar el informe y determinar si corresponde continuar con la investigación o adoptar una decisión distinta sobre el caso. Mientras tanto, no existe una sentencia ni una determinación judicial de responsabilidad contra el periodista.
