Detrás del desalojo de aproximadamente 70 familias del asentamiento humano San Luis, en el sector La Perla de Trujillo, existe una controversia por la propiedad de terrenos del fundo Monserrate y antecedentes de una investigación fiscal sobre falsificación de documentos, fraude procesal y tráfico de terrenos, ejecutados por una organización delictiva.
Las familias que ocuparon el sector construyeron sus viviendas en lotes cuya titularidad era reclamada por la Asociación de Vivienda Los Alisos del Golf que obtuvo una resolución judicial favorable para la restitución del predio.
El desalojo fue ejecutado en cumplimiento de una orden del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, según los antecedentes recopilada a Causa Justa, así como documentos que maneja este portal y que irá contando poco a poco para esclarecer cómo operó esta red para apropiarse de áreas que no eran suyas.
Aunque los ocupantes cuestionan la decisión judicial, el caso tiene antecedentes que se remontan a más de dos décadas y que incluyen intentos de regularizar la posesión de terrenos mediante documentación posteriormente cuestionada por las autoridades.
La investigación fiscal mencionada en los antecedentes del caso apunta a personas que habrían utilizado constancias de posesión falsas para obtener derechos sobre el terreno y facilitar su posterior comercialización.
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FRAUDE PROCESAL
Uno de los antecedentes centrales corresponde a las investigaciones desarrolladas por el fiscal William Aranda Morales, quien formuló una acusación contra Ángel Neder Terri Pacheco y Carlos Alberto Ramos Ramos por delitos de falsificación de documentos, uso de documentos falsos y fraude procesal.
Según los antecedentes de esa investigación fiscal, las presuntas conductas se habrían cometido en agravio del Estado, representado por la Municipalidad Provincial de Trujillo, y de la Asociación de Vivienda Los Alisos del Golf.
El fiscal sostuvo que había reunido elementos de convicción para formular la acusación contra los investigados. La investigación identificó procedimientos administrativos iniciados ante el entonces organismo municipal encargado de la planificación y formalización urbana de Trujillo, conocido como Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo (Plandet).
Según los antecedentes, Carlos Alberto Ramos Ramos presentó una solicitud respaldada con firmas de pobladores asentados en el lugar para obtener la prescripción adquisitiva de un predio ubicado en el fundo Monserrate, sector San Luis Parte Baja. Esto fue advertido en su debido momento por el fiscal William Aranda, a través de los medios de comunicación.
La solicitud buscaba acreditar una posesión pacífica y continua durante el período exigido para acceder a ese procedimiento. Para sustentar su pretensión, Ramos Ramos presentó una constancia de posesión atribuida al Ministerio de Agricultura, suscrita supuestamente por el ingeniero César Augusto Tepe Samillán.
Sin embargo, la investigación fiscal señaló que la persona identificada como firmante no había trabajado en la entidad pública que supuestamente expidió el documento. Ese hallazgo fue considerado relevante para cuestionar la autenticidad de la constancia utilizada en el trámite.
La investigación también examinó una solicitud atribuida a Ángel Neder Terri Pacheco, relacionada con la prescripción adquisitiva de un predio de 10.175 metros cuadrados ubicado en el fundo Monserrate. Para sustentar el procedimiento, se presentó una constancia de posesión atribuida al Ministerio de Agricultura a favor de Donato Argomedo Cerna.
Según los antecedentes fiscales, ese documento fue utilizado como parte de una cadena de supuestas transferencias de derechos posesorios formalizadas mediante minutas. La investigación cuestionó la autenticidad de la documentación que servía de sustento a esas operaciones.
Los antecedentes proporcionados señalan que la Municipalidad Provincial de Trujillo paralizó los procedimientos de prescripción adquisitiva al advertirse irregularidades documentales.
BANDAS CRIMINALES
Otro aspecto de la investigación está relacionado con la creación de una organización denominada Asociación de Vivienda Nuevo San Luis, que habría intervenido en la ocupación y comercialización de lotes.
De acuerdo con los antecedentes recogidos por Causa Justa, entre las personas relacionadas con esta organización habrían existido integrantes o personas vinculadas con grupos delictivos conocidos como la banda del Chato Haro y Los Pulas. Según la investigación fiscal, después de ocupar los terrenos se inició la venta de lotes y su delimitación mediante construcciones de material rústico.
USARON EMPRESA INMOBILIARIA
La presunta comercialización de terrenos también habría involucrado a la empresa Inmobiliaria Hart S.A.C. De acuerdo con la información recopilada por Causa Justa, entre las personas vinculadas con su constitución figuraban Lidia Pacheco Martínez y Gabriela Gómez Lucas. Asimismo, el fallecido Miguel Ángel Paz Villarreal, quien figuraba como apoderado de la empresa.
Los antecedentes señalan presuntos vínculos de Paz Villarreal con Los Pulas y con el denominado Chato Haro. La hipótesis de investigación sostiene que la empresa fue utilizada para realizar operaciones inmobiliarias relacionadas con terrenos ocupados irregularmente, incluidos aquellos reclamados por la Asociación Los Alisos del Golf.
La investigación también comprendió actuaciones administrativas que habrían permitido a los ocupantes obtener registros y servicios relacionados con los predios en controversia. Según los antecedentes, personas vinculadas con la ocupación consiguieron ser incorporadas al padrón de contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Trujillo. La situación habría generado registros tributarios asociados a terrenos cuya propiedad es de la Asociación Los Alisos del Golf, organización que contaba con un código de contribuyente y efectuaba pagos municipales. Así, los invasores, con la anuencia de malos funcionarios, lograron inscripciones ante Sedalib e Hidrandina, empresas prestadoras de servicios de agua potable y energía eléctrica, respectivamente, para obtener más poder sobre los terrenos de manera fraudulenta. Sin embargo, el registro de un contribuyente o la contratación de servicios básicos no constituye, por sí mismo, reconocimiento definitivo de la propiedad de un inmueble. Algo en que no repararon los invasores.
