Una mañana diferente se vivió en tres de los principales hospitales de Trujillo. El habitual ajetreo de pacientes, personal médico y familiares se vio interrumpido por la llegada de una comitiva especial: la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo, encabezada por el fiscal provincial Luis Erick Rodríguez Musto, ejecutó un operativo inopinado en los hospitales Víctor Lazarte Echegaray, Regional Docente y Belén, con el objetivo de supervisar el estado de las instalaciones, la calidad del servicio médico y, sobre todo, prevenir la comisión de delitos que puedan afectar directamente la salud y vida de los ciudadanos.
La inspección no fue aleatoria. En los últimos años, los centros hospitalarios del país, incluidos los de esta región, han sido objeto de múltiples quejas por fallas en el servicio, demoras en la atención, carencia de medicamentos e insumos, e incluso casos más graves como muertes por negligencia. Frente a ese panorama, la labor preventiva de la fiscalía busca ir más allá de la sanción: intenta detectar a tiempo aquello que podría derivar en delitos como lesiones culposas, homicidio culposo o infracciones contra la administración pública por omisión de funciones.
Durante la diligencia, el fiscal Rodríguez Musto visitó las oficinas de dirección general y servicios críticos como emergencia. Lo acompañaron representantes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). La presencia de estas entidades reforzó el carácter multidisciplinario del operativo, asegurando que las observaciones y acuerdos levantados en acta respondan no solo a criterios legales, sino también técnicos y sanitarios.
A lo largo de la jornada, se verificaron condiciones de infraestructura, tiempos de espera, disponibilidad de personal, equipamiento médico y atención al paciente. El fiscal dirigió recomendaciones puntuales al personal y a las autoridades hospitalarias, exhortando a mejorar las condiciones de atención en beneficio de los miles de ciudadanos que diariamente buscan auxilio en estos centros.
“Lo que buscamos con estas acciones es prevenir hechos lamentables. Una buena supervisión permite detectar riesgos antes de que se conviertan en tragedias. El derecho a la salud está íntimamente ligado al derecho a la vida y a la dignidad”, indicó Rodríguez Musto al finalizar la visita.
La jornada se enmarca dentro de una estrategia nacional impulsada por las Fiscalías de Prevención del Delito, que vienen desarrollando operativos similares en distintos hospitales del país. La idea es clara: no esperar a que ocurra una desgracia para actuar.
En un contexto donde la salud pública se encuentra en constante tensión por falta de recursos, personal e infraestructura, este tipo de operativos se convierten en una herramienta clave para visibilizar fallas, hacer correcciones urgentes y proteger a los usuarios. Los hospitales supervisados atienden a una población numerosa y vulnerable, por lo que cualquier mejora en su funcionamiento puede tener un impacto directo en la vida de cientos de familias.
Mientras tanto, los ciudadanos esperan que estas intervenciones no queden en el papel y que las recomendaciones se traduzcan en cambios tangibles: más médicos, más camas, medicinas disponibles, atención oportuna y, sobre todo, trato digno. Porque en salud, prevenir no solo es mejor que curar: puede salvar vidas.
