La lucha contra la criminalidad digital dio un paso firme en La Libertad. La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia obtuvo siete meses de prisión preventiva contra tres personas investigadas por integrar una presunta organización dedicada al fraude informático y la falsificación de documentos digitales en perjuicio de empresas locales. La medida fue dictada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, que consideró graves los elementos presentados por el Ministerio Público.
El fiscal provincial Lenin Josmel Araujo Cabanillas, junto al fiscal adjunto Magdiel Zurita Meléndrez, detalló que las investigadas Jenifer Lizbeth Saucedo Murillo y Marilú Bermúdez Mendieta habrían utilizado su conocimiento del sistema de emisión de comprobantes de pago de la empresa Importadora de Repuestos Obaj S.A.C. para vulnerar los mecanismos internos de seguridad y generar documentos fraudulentos. Las maniobras ilícitas se habrían repetido durante varios meses, desde julio hasta octubre de 2025, periodo en el que la empresa empezó a registrar inconsistencias contables que finalmente derivaron en la detección y flagrancia de las implicadas.
La Fiscalía sostiene que las investigadas actuaron en coordinación con Julio César Quiliche Vera, quien habría prestado apoyo logístico para concretar los fraudes y facilitar su circulación. Según la teoría fiscal, Quiliche utilizó documentos de identidad de terceros para validar operaciones inexistentes, lo que configuraría el delito de falsedad genérica además del fraude informático agravado previsto en la Ley 30096. En conjunto, las acciones habrían producido un perjuicio económico superior a los 66 mil soles para la empresa afectada.
La decisión judicial ordena que Saucedo y Bermúdez ingresen de inmediato a un establecimiento penitenciario, mientras que Quiliche se mantiene en calidad de no habido. El tribunal dispuso su ubicación, captura e internamiento en el penal El Milagro en cuanto sea detenido.
El avance del caso evidencia la creciente complejidad de los delitos informáticos en la región y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación digital. La Fiscalía de Ciberdelincuencia reafirmó que continuará interviniendo en esquemas donde se manipulen sistemas empresariales, se suplanten identidades o se utilicen datos personales para defraudar a compañías y ciudadanos.
Este caso también recuerda a las empresas la importancia de implementar controles internos rigurosos, monitoreo permanente de sus sistemas y protocolos de seguridad que permitan detectar vulneraciones en tiempo real. La sofisticación de estos delitos muestra que la criminalidad organizada ha encontrado en el entorno digital un nuevo espacio para operar y que las sanciones penales se están aplicando con severidad cuando se acreditan daños económicos y afectación a la fe pública.
