La decisión de dejar en libertad a Maricsa Polet Alfaro Cerna, la conductora acusada de atropellar y dejar grave al vigilante Juan Martínez Torres en Trujillo, ha generado indignación entre vecinos y familiares de la víctima. Frente a ello, la Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad explicó públicamente por qué no pudo solicitar prisión preventiva contra la investigada.
El fiscal provincial Joan Balladares precisó en declaraciones a Canal N que el caso está siendo procesado por el delito de lesiones culposas agravadas, cuya pena oscila entre 4 y 6 años de prisión.
Según explicó, la legislación peruana exige que exista una prognosis de pena superior a cinco años para poder requerir una medida de prisión preventiva.
¿Por qué no procedió la prisión preventiva?
Aunque el caso causó conmoción debido a que la conductora manejaba en estado de ebriedad, el Ministerio Público aclaró que esa condición ya forma parte del delito imputado y no incrementa automáticamente la pena al punto de superar el requisito legal necesario para pedir internamiento preventivo.
“La pena prevista no alcanza el estándar exigido para prisión preventiva”, sostuvo el fiscal.
La Fiscalía confirmó además que el proceso continuará bajo la modalidad de proceso inmediato, mecanismo utilizado en casos donde existen elementos claros y flagrancia delictiva.
Conductora seguirá el proceso en libertad
Actualmente, Maricsa Alfaro afrontará la investigación en libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta y restricciones impuestas por las autoridades judiciales.
La decisión ha generado cuestionamientos debido al grave estado de salud de la víctima y al contexto en que ocurrió el accidente.
Como se recuerda, Juan Martínez Torres quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de ser embestido en la urbanización Las Palmas del Golf, en Víctor Larco.
Las investigaciones determinaron que la conductora tenía 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del atropello, casi cuatro veces más del límite permitido.
Caso provocó indignación ciudadana
El hecho generó protestas vecinales y pedidos de justicia en Trujillo.
Familiares de la víctima cuestionaron duramente que la investigada no fuera enviada a prisión, especialmente tras conocerse que manejaba con el brevete vencido y acumulaba multas anteriores por infracciones graves de tránsito.
Además, la Policía Nacional inició investigaciones internas contra agentes que inicialmente consignaron en un acta que el vigilante habría sufrido una “caída”, pese a tratarse de un atropello.
Debate sobre penas y vacíos legales
El caso ha reabierto el debate sobre las sanciones aplicadas a conductores ebrios involucrados en accidentes graves en el Perú.
Especialistas sostienen que muchos procesos terminan sin prisión preventiva debido a los límites legales vinculados a la prognosis de pena, incluso en hechos que generan fuerte impacto social.
Mientras tanto, la situación de Juan Martínez continúa siendo delicada y el proceso judicial seguirá avanzando bajo supervisión del Poder Judicial.
