El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra seis exintegrantes de las juntas directivas de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de terrenos, convenios y recursos económicos durante los periodos 2019-2020 y 2021-2022.
El caso, identificado inicialmente con el Caso Fiscal N.° 631-2022, se encuentra a cargo de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo y comprende como investigados a Pedro Agustín Domínguez Sánchez, Tania Elizabeth Montenegro Cerna, Yrma Elsa Huertas Rodríguez, Clay Camel Gálvez Castro, Mirtha Crisálida Huamán Chanduví y Víctor Alberto Vásquez Palomino.
La investigación ha pasado además al ámbito judicial. El 7 de septiembre de 2026 se registró ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc el expediente 00726-2026-0-1614-JR-PE-01, a cargo de la jueza Dominga Carmen Castañeda Abanto. Hay que señalar que la formalización de la investigación preparatoria no determina la culpabilidad de los investigados. Las imputaciones corresponden a la tesis que el Ministerio Público deberá acreditar durante el proceso y frente a la cual los involucrados tienen derecho a ejercer su defensa.
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar qué ocurrió con el dinero obtenido mediante operaciones realizadas sobre terrenos pertenecientes a la comunidad. La Fiscalía sostiene que existirían recursos que no habrían sido incorporados a la contabilidad institucional y plantea una relación entre la presunta apropiación de esos fondos y la adquisición de determinados bienes por integrantes de las juntas directivas investigadas.
Según el documento fiscal citado en la información proporcionada:
“Como consecuencia de la apropiación del dinero producto de la venta de terrenos de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, los integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad, adquirieron vehículos y casas situadas en San Pedro de Lloc, Balneario Puémape y Balneario Santa Elena”.
Esta afirmación forma parte de la hipótesis del Ministerio Público y deberá ser probada mediante documentación bancaria, registral, contable, contractual y otros elementos incorporados a la investigación. La Fiscalía también ha puesto la mirada sobre los cambios efectuados en el padrón de la Comunidad Campesina. Según la Disposición N.° 4 citada en la información proporcionada, durante una asamblea realizada en enero de 2020 se habría excluido a 39 comuneros calificados.
El Ministerio Público sostiene que los entonces directivos:
“Excluyeron a varios comuneros calificados, en su calidad de integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad, contraviniendo los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas y el Estatuto”.
La investigación señala además que posteriormente se habría incorporado a 22 nuevos comuneros, algunos de ellos familiares o personas vinculadas a miembros de la directiva. Corresponderá determinar durante el proceso si esas exclusiones e incorporaciones incumplieron efectivamente las normas aplicables y qué relación tuvieron, de ser el caso, con las posteriores decisiones patrimoniales de la comunidad.
Otro de los elementos considerados por el Ministerio Público corresponde al manejo contable. La investigación recoge información proporcionada por la entonces tesorera María Ernestina Quispe Nizama, quien habría solicitado documentación relacionada con diversos ingresos recibidos por operaciones efectuadas por la comunidad.
La Fiscalía señala:
“No existe balance correspondiente que realizara la junta directiva del periodo 2019-2020, en el cual los comuneros puedan apreciar los ingresos o beneficios o pérdidas de la Comunidad, lo cual constituye un ocultamiento de la situación económica de la Comunidad”.
Parte de las diligencias deberá establecer cuánto dinero recibió efectivamente la organización comunal, a qué cuentas fue depositado y cuál fue posteriormente su destino. La investigación también comprende acuerdos suscritos para la utilización de terrenos comunales ubicados en Puémape.
Uno de ellos involucra a Inversiones y Construcciones Gubal S.A.C. Según la tesis fiscal recogida en la información proporcionada, existía un pago institucional señalado en S/80 mil, mientras que se habrían emitido cheques de gerencia a favor del entonces presidente Pedro Domínguez Sánchez por un total de S/120 mil. El Ministerio Público busca determinar por qué se produjeron esos pagos, cuál fue su destino y si fueron registrados adecuadamente como recursos de la comunidad.
S/70 mil y una camioneta por 120 hectáreas
Otro acuerdo investigado corresponde a Quinua Manantial S.A.C. Según la documentación fiscal descrita, la comunidad habría cedido 120 hectáreas de terreno eriazo, operación que contemplaba un pago de S/70 mil y la entrega de una camioneta Toyota 4×4 valorizada en más de S/133 mil.
También se encuentra bajo investigación un acuerdo con David Francisco Von Der Heyde Córdova sobre más de 103 hectáreas, que habría contemplado una renta anual y la entrega de un vehículo Mahindra, además de otras obligaciones. La Fiscalía sostiene que los comuneros no habrían recibido información completa sobre la extensión de las tierras comprometidas ni sobre los beneficios derivados de estos convenios.
El documento atribuye a los investigados haber actuado:
“Ocultando a los comuneros la extensión de tierras de la comunidad respecto de las cuales se cedía el uso, así como los beneficios obtenidos como consecuencia de la celebración del convenio”.
También se deberá establecer qué ocurrió finalmente con los vehículos contemplados en los acuerdos y si fueron incorporados al patrimonio de la comunidad. Uno de los puntos que puede resultar determinante será el análisis patrimonial de los investigados. La tesis fiscal vincula temporalmente las operaciones cuestionadas con la adquisición de casas, terrenos y vehículos atribuidos a algunos exdirectivos entre 2020 y 2022.
Sin embargo, la coincidencia temporal entre una adquisición y el periodo investigado no demuestra por sí sola que un bien haya sido comprado con recursos de la comunidad. Para sostener esa imputación será necesario establecer el origen del dinero utilizado y reconstruir su eventual recorrido. Por ello, las diligencias registrales, financieras y contables serán relevantes para determinar si existe correspondencia entre los recursos presuntamente desviados y el patrimonio de los investigados.
Caso llegó al Poder Judicial
La formalización de la investigación preparatoria representa un avance procesal respecto de las diligencias preliminares, pero no equivale a una acusación definitiva ni a una sentencia. La Fiscalía deberá continuar reuniendo elementos de convicción sobre los presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas y apropiación ilícita, mientras los investigados podrán presentar documentos, declaraciones y otros elementos de descargo.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Carlos Aguilar Solano, comunero que, según la información proporcionada, fue separado durante la gestión posteriormente denunciada. Con el proceso ya registrado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc, la investigación deberá establecer si los recursos y bienes obtenidos mediante las operaciones sobre terrenos comunales ingresaron efectivamente al patrimonio de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc o si, como sostiene la Fiscalía, parte de ellos terminó siendo apropiada irregularmente.
