El presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo (SBT), Horacio Alexander Alva Villarreal, hombre de la entera confianza del alcalde apepista Mario Reyna Rodríguez, respondió a las publicaciones de Causa Justa sobre los problemas que durante años han afectado el patrimonio inmobiliario de la institución y que la siguen afectando. Pero, en lugar de transparentar cuál es la situación actual de esos bienes, centró su respuesta en señalar que los casos difundidos se originaron en administraciones anteriores.
Alva Villarreal sostuvo en redes sociales que los hechos mencionados por este medio corresponden a situaciones producidas entre 2020 y 2023 y que “no son casos que se reportan en la gestión 2026”, según el material recopilado por Causa Justa. La respuesta deja pendiente precisamente la cuestión central de la investigación: ¿en qué situación se encuentran hoy los inmuebles de la Beneficencia de Trujillo?, ¿cuánto pagan sus inquilinos?, ¿están al día en sus pagos?, ¿quiénes son los inquilinos?, ¿qué tipo de contratos tienen?, ¿algunos de ellos pretenden quedarse con los inmuebles?, ¿qué empresas ocupan estos bienes?, ¿cuánto el monto anual y mensual que se recauda por estos bienes?, ¿a qué se destina estos montos?, ¿a qué cuenta se deposita estos montos? entre otras preguntas.
Es por eso que no se trata únicamente de establecer qué administración originó cada controversia. La actual conducción de la Beneficencia tiene bajo su responsabilidad un patrimonio compuesto por terrenos, viviendas, oficinas, locales comerciales, cementerios y predios procedentes, en varios casos, de antiguas donaciones y legados destinados a financiar su función social.
La relación de Alva Villarreal con la gestión del alcalde Mario Reyna está documentada oficialmente. Antes de presidir la Beneficencia, Alva Villarreal ocupó la jefatura de la Oficina General de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo. La Plataforma del Estado registra que inició funciones en esa dependencia municipal el 12 de enero de 2024.
Posteriormente, mediante la Resolución de Alcaldía N.° 703-2025-MPT, el entonces alcalde Mario Reyna Rodríguez lo designó presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo. La resolución establece expresamente que el despacho de Alcaldía consideró pertinente su designación. Actualmente, la propia página institucional de la Beneficencia continúa identificando a Horacio Alva como presidente del Directorio y consigna la Resolución N.° 703-2025-MPT como sustento de su nombramiento a dedo.
Las preguntas que siguen sin respuesta
El argumento de que determinadas irregularidades se originaron durante administraciones anteriores no resuelve qué ocurrió después con los bienes cuestionados. Causa Justa plantea establecer, inmueble por inmueble, si continúa inscrito a nombre de la Beneficencia; quién lo ocupa actualmente; bajo qué contrato; cuánto paga el ocupante; si existen deudas; si el predio se encuentra judicializado; si fue concesionado, independizado o transferido; cuánto dinero genera y, tratándose de bienes procedentes de donaciones, si actualmente se respeta la voluntad establecida por sus benefactores.
Estas preguntas adquieren mayor relevancia porque la documentación histórica revisada muestra que la institución llegó a administrar un extenso patrimonio inmobiliario. Entre esos bienes aparecen el predio Huerta Morales, el antiguo Fundo Santo Tomás, los cementerios de Miraflores y Mampuesto, el predio Winchanzao, decenas de oficinas en jirón Independencia 431, los conjuntos habitacionales Juan y Sabina Gildemeister, La Gallera, Ulloa, Legado Ganoza y Fincas Antiguas, además de viviendas, locales y propiedades situadas incluso fuera de Trujillo.
Una fuente que anteriormente integró la institución sostiene que más de 50 propiedades estarían comprometidas, ocupadas o en situaciones que requieren recuperación. La controversia produjo además una respuesta de Liliana Mendiola Sevillano Falcon, integrante del Directorio de la Beneficencia en representación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, según la información proporcionada a este medio.
Mendiola planteó públicamente que, si el problema central se atribuye a las malas administraciones, corresponde investigar la experiencia de los funcionarios, los perfiles utilizados para administrar el patrimonio, los mecanismos de control interno y las razones concretas detrás de las decisiones cuestionadas. También aportó un dato que, de corroborarse con las resoluciones de designación correspondientes, revelaría una elevada inestabilidad institucional: afirmó que entre 2019 y 2026 la Beneficencia tuvo 15 presidentes de Directorio y 22 gerentes generales, entre titulares y encargados.
“Cada gestión renueva equipos, y la inestabilidad genera desorden”, sostuvo Mendiola, quien planteó que el análisis debe reconstruir cronológicamente los hechos, identificar quiénes intervinieron y contrastar las diferentes versiones con documentación oficial.
La investigación publicada por Causa Justa no parte solamente de declaraciones de fuentes. Existen casos patrimoniales que han sido objeto de informes oficiales de control. Uno de ellos es Huerta Morales, donde la Contraloría determinó que actuaciones de funcionarios ocasionaron la pérdida de un terreno de 617,07 metros cuadrados. Otro corresponde al antiguo Fundo Santo Tomás, donde se cuestionó la entrega de parte del inmueble a un privado. Un tercer episodio involucra al cementerio de Mampuesto, cuya ampliación de concesión por otros 30 años fue observada por el órgano de control.
El material recopilado por Causa Justa reconstruye además que el problema patrimonial es anterior a esas controversias. Cuando la administración de la Beneficencia fue transferida a la Municipalidad Provincial de Trujillo ya existían dificultades relacionadas con el cobro de alquileres y una condonación aproximada de S/1 millón considerada incobrable. Esa cantidad equivalía aproximadamente al 15,8 % del presupuesto institucional de S/6,32 millones correspondiente a 2010.
Precisamente por tratarse de problemas acumulados durante diferentes administraciones, establecer que un caso se originó en 2020, 2021, 2022 o 2023 no responde qué hizo posteriormente la institución para recuperar, proteger o rentabilizar esos activos. La actual administración tiene la oportunidad de despejar esas interrogantes haciendo público el inventario patrimonial actualizado y explicando la situación jurídica y económica de cada inmueble.
La propia Beneficencia señala actualmente que su labor comprende la atención de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de riesgo o vulnerabilidad. Por ello, conocer la rentabilidad y situación jurídica de sus inmuebles no constituye un asunto secundario. Se trata de activos cuya administración está directamente vinculada a la capacidad económica de la institución para cumplir su finalidad social.
La pregunta que queda abierta después de la respuesta de Horacio Alva no es solamente quién originó los problemas, sino qué ocurrió posteriormente con ellos y cuál es su situación al 2026. Publicar el margesí actualizado, identificar los bienes arrendados, informar cuánto producen, transparentar la cartera morosa, precisar los procesos judiciales y explicar la situación registral de los predios permitiría responderla documentalmente.
