El Ministerio Público abrió una investigación preliminar de 120 días contra altos funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad (GORE), entre ellos el gerente general Rogger Ruiz Díaz y el gerente de Asesoría Jurídica, Nelson Lozano Chávez, por el presunto delito de omisión de actos funcionales. La indagación también alcanza a cuatro funcionarias de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell).
La disposición fue emitida por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, tras una denuncia presentada por Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú. El denunciante sostiene que los funcionarios habrían omitido o retardado acciones administrativas con el fin de permitir que la Resolución Gerencial Regional N.º 000448-2024, emitida el 5 de febrero de 2024, quedara firme el 4 de febrero de 2026.
Dicha resolución fue firmada por el entonces gerente regional de Educación, Martín Camacho Paz, y aprobaba un incremento del bono de preparación de clases de S/ 30.07 a S/ 423.82 en favor de su madre. Según la denuncia, el expediente identificado como OTD-00020250311742, ingresado el 27 de noviembre de 2025 para solicitar la nulidad de oficio de esa resolución, habría sido “retardado” o “paralizado”.
La investigación también involucra a la responsable de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Grell, Doris Velezmoro Arbaiza; a la encargada de Trámite Documentario, Rosa Gil Palacios; a la titular de la Oficina de Resoluciones, Rosa Esperanza Sánchez; y a la jefa de la Oficina de Personal, Julia Silva Briceño. De acuerdo con la denuncia, las funcionarias habrían demorado el pronunciamiento correspondiente.
Desde el GORE La Libertad, el gerente general Rogger Ruiz Díaz aseguró que el procedimiento se realizó dentro de los plazos legales y expresó confianza en que la denuncia será archivada. “El plazo vencía el 4 de febrero, pero el 28 de enero de 2026 emití la Resolución Gerencial N.º 000033-2026 GRLL-GGR, anulando la Resolución Gerencial Regional N.º 000448-2024. No se vulneró nada”, afirmó.
El caso pone bajo escrutinio los procedimientos internos en la administración regional y el manejo de resoluciones vinculadas a beneficios económicos. La Fiscalía deberá determinar si existió omisión deliberada, negligencia o si el trámite se ajustó a la normativa vigente.
En un contexto donde la transparencia en la gestión pública es un tema central en la agenda regional y nacional, la investigación podría tener implicancias administrativas y penales, dependiendo de los hallazgos del Ministerio Público. Durante los próximos cuatro meses se realizarán diligencias, recopilación de documentos y toma de declaraciones para esclarecer los hechos.
