En un contexto donde la extorsión y los ataques violentos con explosivos son parte del día a día para empresarios y comerciantes en La Libertad, las declaraciones del jefe policial de la región, general José Zavala, han generado polémica. Según Zavala, los extorsionadores que azotan la región no forman parte de organizaciones criminales bien estructuradas, sino que son “jóvenes de barrio” que aprovechan oportunidades para cometer actos ilícitos.
En una reciente entrevista, el general Zavala minimizó la magnitud de la amenaza al afirmar: «No tenemos por qué tener tanto temor a esas personas que extorsionan. Son jóvenes del barrio que a veces aprovechan la oportunidad para meterse en este tipo de actividades ilícitas. No pertenecen a una organización criminal ni a una banda criminal muy bien estructurada».
A pesar de los recientes y violentos ataques, como el uso de dinamita en viviendas de empresarios en diversas localidades, Zavala destacó que la ciudadanía debe perder el miedo y denunciar estos delitos. “Por eso, hago un llamado para que las personas pierdan el miedo y sigan denunciando. Esas denuncias nos ayudan a sacar los casos adelante y a capturar a este tipo de delincuentes”, expresó.
La realidad de las víctimas
Para las víctimas de extorsión, las palabras del jefe policial resultan desconectadas de la realidad. Durante los últimos meses, diversos empresarios han denunciado ser blancos de ataques con explosivos, cartas extorsivas y llamadas amenazantes, muchas de las cuales han terminado en tragedias. El clima de inseguridad y temor es palpable, con muchos optando por el silencio ante la falta de garantías de protección.
Un empresario, que prefirió mantener el anonimato, señaló: “Si esos jóvenes de barrio no pertenecen a organizaciones criminales, ¿cómo es posible que operen de manera tan organizada, con acceso a explosivos, motocicletas y armas de fuego? Es evidente que hay estructuras detrás de ellos, aunque el general diga lo contrario».
Además, los recientes ataques han sido vinculados por las propias autoridades a bandas delictivas que buscan sembrar el terror para obtener pagos. En un caso reciente, un empresario de transporte reportó haber recibido una carta extorsiva acompañada de explosivos. Al no ceder, su vivienda fue atacada, lo que lo obligó a cerrar temporalmente su negocio.
La postura del general Zavala parece entrar en contradicción con las propias investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), que ha reportado en varias oportunidades la presencia de redes criminales dedicadas a la extorsión en la región. Organizaciones como «Los Malditos de Chicago» y «La Jauría» han sido señaladas en investigaciones previas como responsables de actos de extorsión y violencia.
El general Zavala, sin embargo, insistió en que la mayoría de los casos no están vinculados con estas estructuras. Para él, los responsables suelen ser jóvenes que actúan de manera independiente o son utilizados por cabecillas locales para llevar a cabo los ataques.
Zavala también subrayó que la clave para enfrentar la extorsión es que las víctimas denuncien sin temor. Según él, las denuncias ayudan a la policía a rastrear y desarticular a los responsables, y aseguró que la PNP está comprometida con la protección de quienes deciden dar el paso de denunciar. «Si no denunciamos, les damos espacio para que sigan operando. Cada denuncia cuenta y nos permite actuar», señaló.
No obstante, los ciudadanos cuestionan si las autoridades realmente tienen la capacidad de garantizar la seguridad de las víctimas que se atreven a denunciar. Muchos mencionan que, tras acudir a la policía, han recibido represalias por parte de los extorsionadores, dejando en evidencia la falta de mecanismos efectivos para proteger a quienes buscan justicia.
Mientras tanto, los empresarios y ciudadanos de La Libertad continúan viviendo en un clima de inseguridad, con casos de extorsión y violencia que no parecen disminuir. Aunque el llamado a denunciar es un paso necesario, expertos en seguridad coinciden en que es imprescindible fortalecer las estrategias policiales y judiciales para garantizar la protección de las víctimas y desarticular las redes criminales, independientemente de su nivel de organización.
