En una ceremonia realizada este lunes en Palacio de Gobierno, la presidenta de la República promulgó la ley que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, centros académicos y representantes de la sociedad civil.
Según el Ejecutivo, la norma busca reforzar la transparencia en el uso de recursos provenientes de la cooperación internacional no reembolsable y establecer mecanismos de supervisión más rigurosos sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG). No obstante, diversos sectores advierten que las modificaciones representan una amenaza al espacio cívico, al derecho a la asociación, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.
Amnistía Internacional fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse, calificando la medida como un peligroso retroceso que “allana el camino a la impunidad”. Según Marina Navarro, directora ejecutiva de la organización en Perú, la ley otorga al Estado facultades discrecionales para aprobar o rechazar el uso de fondos internacionales por parte de las ONG, lo que podría derivar en censura o incluso en la eliminación del registro de aquellas que critiquen al gobierno.
“Todo lo que hagan las organizaciones de la sociedad civil con fondos de la cooperación internacional tendrá que ser previamente aprobado por el Estado (…), esto puede implicar incluso la eliminación del registro en APCI de las organizaciones que critiquen a las autoridades”, advirtió Navarro.
En la misma línea, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, alertó que la norma obstaculiza el acceso a la justicia, especialmente para las víctimas de violaciones de derechos humanos, al prohibir el uso de fondos de cooperación para asesorías legales contra el Estado. “Esta ley alimenta la impunidad de las autoridades que violan los derechos humanos”, señaló.
Desde el ámbito académico, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) sostuvo que la norma viola abiertamente la Constitución y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para el equipo del IDEHPUCP, las reformas transforman a la APCI en una herramienta de censura, burocratizan excesivamente la cooperación técnica internacional (CTI) y vulneran el derecho de acceso a la justicia.
“La medida convierte al derecho de acceso a la justicia en un privilegio. El acompañamiento legal gratuito brindado por ONG ha sido la única vía para muchas víctimas de represión, violencia de género o contaminación ambiental”, señalaron Valeria Reyes y Gonzalo Ugarte, especialistas del IDEHPUCP.
La polémica se intensificó cuando, durante su discurso de promulgación, la presidenta arremetió contra un sector de ONG, a las que acusó de actuar en contra de los intereses nacionales. “Organizaciones que no están comprometidas con el bienestar de la nación (…) utilizan recursos de cooperación internacional para avanzar su propia agenda ideológica”, dijo.
Frente a este escenario, la Asociación Nacional de Centros (ANC) anunció que agotará las vías legales internas y, de ser necesario, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “No se trata de una medida aislada, sino de un patrón autoritario que viene avanzando desde varios sectores del Estado”, afirmó Eduardo Cáceres, miembro del consejo directivo de la ANC, en entrevista con Exitosa.
Otras Organizaciones defensoras de derechos humanos como Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Manuela Ramos han expresado su firme rechazo a las modificaciones de la Ley de la APCI. Promsex calificó la norma de “inconstitucional y antidemocrática”, señalando que representa una grave regresión democrática y un ataque directo a los derechos fundamentales.
La norma fue aprobada por el Congreso el 12 de marzo y exonerada de segunda votación. Conforme al artículo 108 de la Constitución, el Ejecutivo tenía 15 días hábiles para observarla. Al no hacerlo, procedió con la promulgación, pese a las alertas de organismos internacionales, académicos y sociedad civil.
