En una nueva arremetida contra el avance de la minería ilegal en los Andes del norte peruano, el Comando Unificado Pataz —conformado por las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional— ejecutó la operación “Relámpago II” en el sector Marleny de la comunidad de Cedros, distrito de Pataz. Esta intervención se suma a la creciente ofensiva del Estado en una de las zonas más críticas del país, donde la actividad minera informal ha venido creciendo bajo el amparo de redes criminales.
Durante la operación, realizada en el marco del estado de emergencia, se incautaron y destruyeron bienes valorizados en S/ 27,450, utilizados directamente en la extracción y procesamiento ilícito de minerales. Entre los objetos hallados figuran herramientas, mangueras, cascos de seguridad, cables eléctricos y un millar de sacos de polietileno destinados al transporte de mineral aurífero.
El general de Ejército David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sostuvo que el Estado ha asumido una postura firme frente a las economías ilegales que amenazan la paz y el desarrollo regional.
“Estamos enfrentando a redes delictivas que lucran con la ilegalidad y atentan contra el desarrollo de nuestras comunidades. Las Fuerzas Armadas del Perú no retroceden. Seguiremos golpeando con firmeza y precisión, como lo hemos hecho con las operaciones Relámpago I y II, que juntas representan más de 827 mil soles en pérdidas para el crimen organizado”, señaló.
La acción conjunta fue realizada con participación de efectivos del Ejército, agentes de la Policía Nacional del Perú, y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en estricto cumplimiento de la ley y del mandato constitucional. Las autoridades aseguraron que no se produjo enfrentamiento con personas vinculadas a las faenas ilegales, dado que los puntos intervenidos fueron ubicados previamente mediante labores de inteligencia.
La Operación “Relámpago II” se suma a los contundentes resultados obtenidos días antes con la “Operación Relámpago I”, en la misma jurisdicción, donde se causaron pérdidas al crimen organizado que superaron los S/ 800 mil. Ambas acciones han logrado asestar un golpe económico y logístico sin precedentes a las organizaciones criminales que operan en la zona.
Estas operaciones buscan frenar el avance de la minería ilegal en la provincia de Pataz, una de las más golpeadas por la combinación de informalidad minera, violencia armada y presencia de organizaciones criminales que controlan socavones y extorsionan a trabajadores.
Zona crítica bajo vigilancia reforzada
Desde hace meses, el distrito de Pataz ha sido declarado en estado de emergencia debido al escalamiento de hechos violentos vinculados a la minería ilegal, incluyendo enfrentamientos armados, asesinatos, extorsión y trata de personas.
El Gobierno ha determinado mantener presencia militar constante en la zona y desarrollar operativos con mayor frecuencia. Voceros del Ejecutivo aseguran que se vienen coordinando nuevos despliegues tácticos para identificar rutas de financiamiento, redes de acopio, y principales cabecillas detrás de las operaciones mineras ilegales.
Además, se ha iniciado un trabajo multisectorial entre el Minem, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público para fortalecer las investigaciones y avanzar hacia la judicialización de los responsables de estos delitos ambientales y sociales
