La sierra de La Libertad sigue siendo escenario de una lucha sin tregua entre el Estado y las organizaciones criminales que controlan gran parte de la minería ilegal. Esta vez, el golpe ha sido contundente: un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas logró intervenir dos bocaminas clandestinas en el sector Marleny, del centro poblado Los Cedros, distrito de Pataz.
El operativo, que se ejecutó al amanecer, culminó con la destrucción de maquinaria, motores, herramientas de procesamiento y campamentos que eran utilizados por redes criminales para extraer y comercializar oro sin control fiscal, tributario ni ambiental. Según estimaciones del Ministerio de Defensa, el impacto económico supera los 800 mil soles en pérdidas directas para las mafias mineras que operan en la zona.
Territorio bajo fuego
El sector Marleny no es cualquier punto en el mapa. Se trata de un corredor minero ilegal conocido por estar bajo influencia de estructuras criminales que, desde hace años, han consolidado su control mediante el uso de sicarios, amenazas, y redes de extorsión.
Las bocaminas intervenidas no solo extraían mineral sin autorización; también se ha documentado que servían como puntos de acopio y procesamiento de oro para terceros. Esto convierte al lugar en un nodo estratégico de la economía ilegal que opera en la región, generando ganancias millonarias por fuera del control estatal.
De acuerdo con información policial, en las zonas intervenidas se encontró infraestructura destinada al tratamiento primario del oro, incluyendo generadores, trituradoras, canaletas y concentradoras. Toda esta maquinaria fue destruida en el acto por disposición de las autoridades, ante la imposibilidad de trasladarla.
Inteligencia en marcha
Las acciones de este tipo no se improvisan. Fuentes de la Dirección General de Inteligencia del MINDEF revelaron que el operativo fue planificado durante más de dos semanas y respondía a un seguimiento a organizaciones criminales dedicadas al acopio de oro ilegal y al reclutamiento de mano de obra informal, muchas veces bajo condiciones de semiesclavitud.
El jefe del operativo, cuya identidad se mantiene en reserva, confirmó que hubo colaboración con fiscales especializados en crimen organizado. Aunque no se reportaron detenidos en esta intervención, se recogió información valiosa sobre los presuntos cabecillas y la ruta del mineral extraído.
Un mensaje al crimen organizado
Este golpe representa un hito en la política de intervención del Estado en Pataz, una provincia que desde hace más de cinco años está bajo la sombra de la violencia vinculada a la minería ilegal. La Fiscalía ha sostenido en diversos procesos judiciales que detrás de muchas bandas de extorsión y sicariato se esconden intereses económicos ligados a la explotación de oro sin control.
Diversas fuentes locales han vinculado a las redes criminales con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y conflictos territoriales entre comunidades. La minería ilegal no solo depreda el medio ambiente, sino que corroe la estructura social y política del territorio.
Persisten los riesgos
Pese al golpe, el control territorial aún está lejos de ser una realidad para el Estado. Varias comunidades en Pataz siguen divididas entre quienes trabajan por necesidad en estas bocaminas y quienes denuncian el control de mafias armadas. El miedo sigue siendo una constante.
Organizaciones civiles de la zona han saludado la intervención, pero también piden garantías. “El Estado entra, destruye, y se va. Y luego regresan los mismos o peores. Necesitamos una presencia permanente, no solo policial, también del Estado con servicios, alternativas laborales, educación”, declaró un dirigente comunal de Tayabamba.
