El nombre ‘Cuchillo’ vuelve a encabezar los titulares de violencia en La Libertad, esta vez acusado del secuestro de trece agentes de seguridad de la empresa subcontratista R&R, que presta servicios a la minera Poderosa.
La madrugada del último sábado, los trabajadores fueron interceptados y desaparecidos en la provincia de Pataz, uno de los territorios más convulsos del Perú por el avance de la minería ilegal.
Pero lo que más indigna no es solo la brutalidad del hecho, sino que el principal sospechoso del nuevo ataque ya había sido capturado y presentado públicamente como presunto autor de una matanza anterior.
En diciembre de 2023, la Policía Nacional anunció con bombos y platillos la detención de dos sujetos vinculados al asesinato de nueve trabajadores mineros en la misma zona. Uno de ellos era ‘Cuchillo’.
CRIMEN QUE NO TUVO CASTIGO
Las imágenes de aquel operativo fueron difundidas en todos los medios: agentes encapuchados, chalecos antibalas, y la declaración oficial de que “la justicia llegaría para los familiares de las víctimas”. Pero no fue así. A pesar de la gravedad de la acusación—nueve homicidios—, ‘Cuchillo’ no fue condenado ni enviado a prisión preventiva.
Hoy, año y medio después, ese mismo sujeto —de aproximadamente 33 años— está nuevamente en la mira, ahora como presunto autor intelectual del secuestro de trece personas. Una señal clara de que algo falló profundamente en el sistema de justicia penal.
Según fuentes locales, ‘Cuchillo’ encabeza una organización criminal armada dedicada a la extracción ilegal de oro. Una mafia que opera impunemente en los corredores mineros ilegales de Pataz y Parcoy, y que tiene a su disposición una red de sicarios, campamentos, armas de guerra y contactos corruptos.
Los informantes señalan que sus principales lugartenientes son: ‘Cali’, ‘Vieja’, ‘Chacón’
Mientras que los nombres de sus sicarios o “gatilleros” son: ‘Gokú’, ‘Cejas’, ‘Cojo’, ‘Pescado’ y ‘Colochín’
En conjunto, forman una célula criminal que actúa con disciplina paramilitar, y que no solo controla zonas de extracción ilegal, sino que también impone miedo en centros poblados a través de secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos.
El caso de ‘Cuchillo’ evidencia cómo el fenómeno de la minería ilegal en el norte peruano ha superado los márgenes del delito económico para convertirse en una amenaza directa a la seguridad interna del Estado.
En zonas como Pataz, el Estado no gobierna: lo hacen las bandas armadas. Y cuando la Policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial no logran sostener una acusación sólida o garantizar que un detenido como ‘Cuchillo’ permanezca tras las rejas, lo que ocurre es exactamente esto: reincidencia criminal y mayor violencia.
La pregunta cae por su propio peso: ¿Cómo es que un hombre acusado de la masacre de nueve personas vuelve a estar libre y figura como autor de otro crimen colectivo? ¿Se cayeron las pruebas? ¿Hubo presión externa? ¿Falló la fiscalía en sustentar el caso?
¿Un juez dictó libertad por “falta de elementos”?
La Policía debe explicarlo. El Ministerio Público también.
