El economista y docente universitario Alejandro Indacochea expresó su profunda preocupación por la crisis de inseguridad ciudadana que enfrenta el Perú, destacando el enorme costo económico y social que representa para el país. «Estamos hablando de un impacto económico de 6 mil millones de soles, lo que equivale al 3.5% del Producto Bruto Interno (PBI). Es una cifra alarmante que refleja no solo las pérdidas directas, sino también el deterioro de la confianza y la estabilidad en nuestra sociedad», señaló.
Indacochea subrayó que la ola de extorsiones es uno de los mayores motores de esta crisis. «Más del 50 % de los bodegueros en el país, que suman 23 mil pequeños empresarios, han sido víctimas de extorsión. Peor aún, 2,600 han tenido que cerrar sus negocios solo en el último año. Esto no solo afecta a las familias directamente involucradas, sino que también genera un efecto dominó en las economías locales», indicó con preocupación.
El sector transporte, según el economista, no está exento de esta problemática. «En el transporte, 7 de cada 10 conductores han sido extorsionados. Hablamos de cuotas de hasta 15 mil soles mensuales que estos trabajadores deben pagar para poder operar. Esto es insostenible para cualquier economía familiar o negocio», afirmó.
La inseguridad, además, ha paralizado cientos de proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo del país. «En los primeros seis meses de este año, 300 obras han sido detenidas por amenazas y extorsiones, lo que representa pérdidas de mil millones de soles. Esto significa que las comunidades se están quedando sin hospitales, carreteras y escuelas debido al temor y la violencia», sostuvo.
Indacochea también enfatizó la gravedad del subregistro de denuncias por delitos relacionados con la inseguridad. «Solo el 25% de las víctimas se atreve a denunciar los hechos. Esto demuestra el nivel de miedo que enfrentan los ciudadanos y la poca confianza que tienen en el sistema de justicia. Si no protegemos a las víctimas, no podemos avanzar en la lucha contra el crimen», lamentó.
Respecto a la actuación del gobierno y el Congreso, el economista fue contundente en sus críticas. «Lo que tenemos es un gobierno indiferente e indolente, que niega lo evidente y carece de una estrategia integral. Por otro lado, el Congreso, lejos de ser un aliado en esta lucha, se ha convertido en un cómplice de la inacción. Mientras los peruanos viven con miedo, nuestros representantes pierden el tiempo en discusiones semánticas y no proponen soluciones reales», señaló.
El economista advirtió sobre la aparición de una nueva forma de terrorismo en el país. «Estamos enfrentando un ‘terrorismo urbano’, en el que la extorsión y la violencia sistemática han reemplazado el terrorismo ideológico de décadas pasadas. Las organizaciones criminales han sembrado el miedo en nuestras ciudades, y mientras el Estado no actúe con contundencia, seguirán fortaleciendo su poder», advirtió.
Finalmente, Alejandro Indacochea hizo un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad civil para enfrentar esta crisis. «Necesitamos reformas estructurales en el sistema de justicia, inversión en tecnología y capacitación policial, y programas sólidos de protección a las víctimas. La seguridad ciudadana debe ser una prioridad nacional, porque sin ella no podemos hablar de desarrollo ni de un futuro prometedor para el Perú», concluyó.
