Una investigación publicada por el portal Lima Gris ha colocado bajo cuestionamiento las recientes designaciones y contrataciones realizadas en el Ministerio de Cultura durante la gestión de Alberto Beingolea.
El reportaje sostiene que, pocas semanas después de que el exdirigente del Partido Popular Cristiano asumiera la cartera, personas vinculadas anteriormente al PPC empezaron a ocupar puestos relevantes dentro del Ministerio de Cultura y organismos adscritos.
Uno de los casos señalados es el de Sofía Magali Aguayo Morales, exmilitante del PPC, quien fue designada gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) el pasado 6 de agosto.
Según la investigación, Aguayo visitó el despacho del ministro Alberto Beingolea el 31 de julio, cuando todavía se desempeñaba como subdirectora de la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
El medio señala que su ingreso al despacho ministerial quedó registrado a las 10:52 a. m. y su salida alrededor de las 2:32 p. m.
Días después, el 5 de agosto, se oficializó su renuncia a la ATU mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 187-2026-ATU/PE. Al día siguiente fue designada gerente general de la Biblioteca Nacional.
INVESTIGACIÓN FISCAL EN CURSO
Otro de los elementos destacados por Lima Gris es que Sofía Aguayo se encuentra comprendida en una investigación fiscal por presuntos delitos contra la administración pública.
Según el reportaje, el caso N.° 506015506-2025-314-0 se encuentra en manos de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y está relacionado con presunto cohecho pasivo impropio y negociación incompatible.
La existencia de una investigación fiscal no implica responsabilidad penal. Aguayo conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine lo contrario.
El reportaje cuestiona, sin embargo, que una persona sometida a investigación por presuntos delitos contra la administración pública haya sido designada en un cargo de alta responsabilidad dentro de la BNP.
CUESTIONAN PERFIL PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL
Lima Gris también plantea interrogantes sobre la experiencia profesional de Aguayo para asumir la Gerencia General de la Biblioteca Nacional.
Según el medio, antes de desempeñarse en la ATU trabajó en el Ministerio del Interior, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.
La investigación sostiene que buena parte de su experiencia estaría relacionada con actividades inmobiliarias y administrativas y cuestiona si su trayectoria responde al perfil requerido para dirigir la gerencia general de una institución cultural como la BNP.
Esta afirmación debe diferenciarse de una conclusión oficial: corresponde revisar los requisitos establecidos para el cargo y determinar si la funcionaria cumplía formalmente las condiciones exigidas al momento de su designación.
Según la investigación, Aguayo recibe una remuneración aproximada de S/ 15 600 mensuales.
SU MADRE OBTUVO CONTRATO POR S/ 32 500
La segunda contratación cuestionada involucra a Lourdes Beatriz Morales Morote, madre de Sofía Aguayo Morales y también exmilitante del PPC.
El reportaje señala que Morales estuvo afiliada al Partido Popular Cristiano entre junio de 2005 y septiembre de 2021.
El 8 de agosto se emitió a su nombre la Orden de Servicio N.° 03991-2026-S, por un monto total de S/ 32 500 y una duración de 145 días.
Esto equivale aproximadamente a S/ 6 500 mensuales.
El servicio contratado fue denominado “Servicio de Asistencia Técnica en Gestión de Procesos Administrativos para el despacho ministerial”.
Entre las funciones señaladas se encontrarían la coordinación de actividades protocolares, apoyo administrativo en reuniones, planificación de agenda, recepción de comunicaciones oficiales y gestión logística de viajes y comisiones del titular del Ministerio de Cultura.
Lima Gris destaca que Morales no tendría grados o títulos académicos registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Sin embargo, la ausencia de grados registrados en Sunedu no determina por sí misma que una contratación sea ilegal. Para establecerlo sería necesario conocer los términos de referencia del servicio y verificar cuáles eran los requisitos académicos y profesionales exigidos.
MADRE E HIJA TUVIERON MILITANCIA EN EL PPC
La investigación también llama la atención sobre los vínculos políticos previos de ambas mujeres con el ministro.
Sofía Aguayo estuvo afiliada al PPC entre septiembre de 2011 y septiembre de 2021, mientras que Lourdes Morales permaneció inscrita en esa organización entre 2005 y 2021.
Beingolea fue durante años uno de los principales dirigentes y representantes nacionales del PPC.
A partir de estas coincidencias, Lima Gris plantea la hipótesis de un posible favorecimiento a personas cercanas al entorno político del ministro.
Sin embargo, para acreditar que existió intervención irregular o direccionamiento en las contrataciones sería necesario establecer documentalmente quién propuso las designaciones, quién elaboró los perfiles y términos de referencia, quién evaluó a las postulantes y qué participación concreta tuvo el ministro.
¿CLIENTELISMO O DESIGNACIONES REGULARES?
La investigación utiliza términos como “clientelismo” y cuestiona que el Ministerio de Cultura se esté convirtiendo en un espacio para ubicar a antiguos militantes del PPC.
Además de Aguayo y Morales, el reportaje menciona a otros antiguos integrantes o personas vinculadas al partido que habrían llegado recientemente al sector Cultura.
Estas afirmaciones corresponden al medio que realizó la investigación y deberán ser contrastadas con la documentación de cada designación.
El punto central está en determinar si las personas designadas cumplen los requisitos establecidos para sus cargos y si los procedimientos utilizados respetaron los principios de idoneidad, meritocracia y transparencia aplicables a la administración pública.
POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS
Lima Gris sostiene también que el caso debería ser revisado desde la perspectiva del Código de Ética de la Función Pública.
La investigación plantea interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses si se comprobara que el ministro intervino para beneficiar a personas cercanas a su entorno político o personal.
La Ley N.° 27815 establece principios y deberes relacionados con probidad, neutralidad, transparencia y uso adecuado del cargo público.
No obstante, determinar una infracción ética o administrativa exige acreditar las decisiones concretas adoptadas por los funcionarios involucrados.
¿PODRÍA HABER RESPONSABILIDAD PENAL?
El reportaje menciona además el delito de negociación incompatible, previsto para aquellos casos en que un funcionario público se interesa indebidamente, directa o indirectamente, en contratos u operaciones en los que interviene por razón de su cargo.
La sola existencia de relaciones políticas previas, una contratación pública o una designación no configura automáticamente este delito.
Para avanzar hacia una eventual responsabilidad penal tendría que demostrarse un interés indebido y una intervención concreta del funcionario en beneficio propio o de terceros.
Por ello, cualquier conclusión penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial.
SILENCIO DEL MINISTERIO
Lima Gris señala que intentó obtener la versión de la directora de comunicaciones del Ministerio de Cultura y del propio ministro Alberto Beingolea.
Según el portal, hasta el cierre de su investigación no había recibido respuesta.
El caso deja una serie de preguntas abiertas que merecen esclarecimiento: ¿Sofía Aguayo cumplía íntegramente el perfil requerido para la Gerencia General de la Biblioteca Nacional? ¿Qué requisitos se establecieron para la contratación de Lourdes Morales? ¿Quién elaboró y aprobó los términos de referencia? ¿Existió intervención directa del ministro Beingolea en ambas decisiones? ¿Cuántos exmilitantes o personas vinculadas al PPC han sido incorporadas al sector desde su llegada?
Las respuestas permitirán establecer si se trató de designaciones y contrataciones regulares o si existió un favorecimiento indebido dentro del Ministerio de Cultura.
