El coronel PNP Arturo Miguel Ángel Balta Paredes, quien ejerció como jefe de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de la III Macro Región Policial de La Libertad, ha sido señalado por la Fiscalía como integrante de la organización criminal «La Gran FA», dedicada a la minería ilegal en el caserío de El Lajón, en la provincia de Otuzco.
La Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad resolvió su situación legal tras una apelación de la Fiscalía solicitando prisión preventiva por un lapso de 36 meses, mientras la defensa pedía comparecencia simple.
La Fiscalía argumenta que Balta Paredes usó arbitrariamente su cargo y omitió deliberadamente sus responsabilidades para beneficiar a «La Gran FA», facilitando sus actividades de minería ilegal. Además, se coordinó con otros integrantes clave de la organización, como José Huamán López y José Agustín Arteaga López, para intervenir en actos delictivos en el caserío de El Lajón.
De acuerdo a la Fiscalía, como jefe de la DIVOPUS, Balta también habría solicitado cambios en el personal policial que obstaculizaba la instrumentalización del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) – El Lajón, un puesto que, según la Fiscalía, facilitaba las actividades de la organización criminal. Se alega que coordinó la permanencia de policías que apoyaban los propósitos ilícitos de «La Gran FA».
La Sala de Apelaciones advirtió que, en un principio, no había suficientes pruebas que vincularan a Balta con la organización criminal y que el PAR no se creó con fines ilícitos; sin embargo, tras revisar un informe y varias escuchas telefónicas, se hallaron indicios significativos de su implicación.
ESCUCHAS TELEFÓNICAS
Entre las conversaciones interceptadas destacan la del 21 de septiembre de 2023, cuando José Alfredo Huamán López, desde el número 937482262, conversó con Balta usando el número 948312463 sobre la obtención de una figura religiosa, en este caso una estatua de Santa Rosa de Lima, para la Macro Región Policial de La Libertad. Balta indicó que le informaría al general de ese entonces (Tiravanti) que la gestión era parte de «ustedes y El Lajón».
También figura la comunicación del 22 de septiembre de 2023, en la que Huamán se comunicó con un individuo conocido como «Mayo» y expresó su preocupación por los cambios en la provisión de alimentos para los policías en el PAR. Al día siguiente, Huamán conversó con «Heidi» sobre la convocatoria de una reunión por parte de Agustín Arteaga López, señalando que ésta buscaba su desplazamiento. El 26 de septiembre de 2023, Huamán coordinó con la esposa de Sánchez la entrega de la estatua al coronel Balta en la DIVOPUS.
Una de las más relevantes es el 27 de septiembre de 2023, en el que Huamán discutió con un individuo no identificado sobre el reordenamiento de personal policial en el PAR y mencionó que Balta había propuesto a algunas policías para ascensos.
La Sala consideró que estos elementos constituyen graves indicios de la vinculación de Balta con la organización criminal, ya que no solo mantenía comunicación constante con otros miembros, sino que también utilizaba el PAR para las actividades de «La Gran FA». Así, la Sala remarcó que se satisfacían los criterios del primer presupuesto para la prisión preventiva que finalmente se le otorgó al coronel Balta, quien actualmente está prófugo de la justicia.
En su resolución, la Sala también encontró indicios claros de peligro procesal. A pesar de tener domicilio y actividad policial, Balta no tiene arraigo domiciliario ni laboral, y se suma la gravedad de la pena y la lógica asociativa criminal de la organización, señaló. La Sala destacó que prevaleció su cargo para poner a disposición de la organización criminal los recursos policiales.
AMENAZABA AL PERSONAL
Además, la Sala indicó que existen riesgo de obstaculización al ser un oficial de alto rango de la Policía y estar implicados otros policías. Precisamente, el 9 de noviembre de 2023, el policía Luis Alberto Castillo Díaz indicó ante el fiscal que, mientras trabajaba en la comisaría de El Alambre, Balta le amenazó, junto con otro oficial, por no cumplir las indicaciones para no entorpecer la labor de los mineros que formaban parte de la organización criminal “La Gran Fa”.
Luis Alberto Castillo Diaz, ante fiscal, señaló que le hicieron llegar amenazas contra su vida y trabajo, porque en su momento efectuó intervenciones a los camiones cargados de mineral que le pertenecía a la organización criminal.
Además, como jefe de la DIVOPUS, habría solicitado cambios de policías que obstaculizaban las actividades ilícitas en el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) en Lajón, facilitando la colocación de efectivos que permitirían a la organización operar sin problemas.
La Sala revisó las conversaciones interceptadas entre José Alfredo Huamán López y Balta Paredes, las cuales son elementos importantes que demuestran su vinculación con la organización criminal. Para la Sala, las conversaciones y escuchas telefónicas confirman el rol de Balta como facilitador de la organización criminal. La Sala señala que Balta, al utilizar su posición para beneficiar a «La Gran F.A.», actuó de manera arbitraria, brindando apoyo directo a la minería ilegal.
Por ese motivo, tras dictar la prisión preventiva, la Corte ordenó la emisión de los oficios para la ubicación y captura de los implicados, entre ellos el coronel Arturo Balta Paredes.La Sala concluyó: “Como se puede apreciar constituyen graves y fundados elementos de convicción de la vinculación del imputado como integrante de la organización criminal, como atribuye fiscalía, siendo todos los argumentos de la defensa que brinda por ahora expresiones de su legítimo derecho a la defensa. Existiendo información abundante, coherente y consistente, confirmada objetivamente con los registros documentarios, que acreditan que no solo se comunicaba el imputado con los coimputados mencionados sino que se creó el PAR como puesto policial y al personal policial que también la integre y sigas los fines de la organización criminal, ello acredita su vinculación delictiva y explica la conducta que atribuye fiscalía, en el contexto de la minería ilegal, por lo tanto, concurren y satisfacen razonadamente a juicio de la Sala Superior, el primer presupuesto de la prisión preventiva”.
Los magistrados añaden, además: “Respecto al peligro procesal, también es de apreciar que aun cuando pueda tener un domicilio y se encuentre en actividad policial, sin embargo, no tiene arraigo domiciliario ni laboral porque sumado a la gravedad de la pena, y a factores resaltados en los incisos 2, 3 y 5 del art. 269 del CPP el nivel del impacto o gravedad de los delitos imputados, su lógica asociativa criminal prevaliéndose de su cargo de coronel de la Policía y jefe de una división policial puso a disposición de la organización criminal los recursos personales de la institución policial y el estado del proceso, hay peligro de fuga, y además se advierte que hay peligro de obstaculización por ser oficial de alto rango encontrándose implicados otros policías, teniendo como información el acta fiscal del 9 de noviembre de 2023 en la que el policía Luis Alberto Castillo Diaz ante fiscal señaló que actualmente trabajando en El Alambre, el Policía Áleman y el coronel Balta Paredes cuando estaban detenido le hicieron llegar amenazas contra su vida y trabajo, porque en su momento efectuó intervenciones a los camiones y no cumplía las indicaciones y fines de la O.C.; entonces se acredita la existencia también del peligro de obstaculización. Cumpliéndose así el tercer presupuesto”.
