El Poder Judicial (PJ) autorizó levantar el secreto de las comunicaciones de la congresista liberteña Magaly Ruiz Rodríguez, a quien se le investiga por presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho congresal.
Esta medida es parte de la investigación en curso que se le sigue por la comisión del delito de concusión en concurso real con colusión agravada, en perjuicio del Estado.
El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del caso, tomó esta medida al declarar fundado el requerimiento presentado el 31 de enero por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
Mediante una resolución emitida el pasado 6 de mayo, el magistrado Checkley Soria ordenó que las principales empresas de telecomunicaciones en Perú proporcionen al Ministerio Público información detallada sobre el registro histórico de llamadas y mensajes de texto de los números celulares registrados a nombre de la parlamentaria Magaly Ruiz. El periodo en cuestión comprende desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.
Además, el juez autorizó la intervención de las comunicaciones históricas de Jaime Edward Sánchez Parra (del 1 de enero al 30 de junio de 2022) y de Camila Melissa Mantilla Heredia (entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de marzo de 2023).
El pasado 17 de abril, la defensa legal de Magaly Ruiz presentó un escrito ante el Poder Judicial, informando que la legisladora autorizaba voluntariamente el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
El juez Checkley indicó que una vez ejecutada esta medida restrictiva por parte del Ministerio Público, se deberá informar sobre los resultados para el control respectivo. Además, señaló que la información obtenida será utilizada exclusivamente para fines de la investigación, bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento.
El pasado 24 de abril, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra Magaly Ruiz ante el Congreso de la República, atribuyéndole el delito de concusión en concurso real con colusión agravada en perjuicio del Estado.
Según la denuncia, a Magaly Ruiz se le investiga por presuntamente inducir a sus trabajadores a entregar un beneficio patrimonial mediante el abuso de su cargo (concusión, castigada con prisión de dos a ocho años), así como defraudar al Estado al intervenir en una contratación pública sirviéndose de su cargo (colusión agravada, sancionada con una pena de seis a quince años de cárcel).
En este caso, la Fiscalía ha aplicado la figura del concurso real, lo que implica que se sumarán las penas de cada delito. El límite será el doble de la pena más grave o un máximo de 35 años, salvo que el delito conlleve cadena perpetua, en cuyo caso se aplicará esta única pena.
La medida de levantar el secreto de las comunicaciones busca esclarecer el grado de responsabilidad de la parlamentaria en los presuntos delitos cometidos y obtener evidencias contundentes para el proceso judicial en curso.
