El uso de teléfonos públicos autorizados para coordinar actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios no constituye un problema nuevo ni desconocido por las autoridades. El 7 de mayo de 2023, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reconoció públicamente que un interno había utilizado uno de los equipos conocidos como “teléfonos azulitos” para cometer un delito.
La advertencia fue difundida mediante el Comunicado N.° 21-2023. En ese documento, el INPE informó que había dispuesto el aislamiento preventivo del responsable y evaluaba trasladarlo a otro establecimiento penitenciario.
El caso que originó aquel pronunciamiento ocurrió en el penal Ancón II, no en El Milagro. Sin embargo, el comunicado demostró que desde 2023 el organismo penitenciario conocía que los teléfonos públicos instalados legalmente dentro de las cárceles podían ser desviados de su finalidad y utilizados para actividades ilícitas.
Tres años después, una investigación policial sobre organizaciones criminales de La Libertad confirmó que el mismo riesgo se había materializado en el establecimiento penitenciario El Milagro de Trujillo.
UNA HERRAMIENTA CRIMINAL
El Código de Ejecución Penal reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse con sus familiares y abogados. Los teléfonos públicos fueron instalados precisamente para permitir esas conversaciones dentro de un sistema autorizado y, en teoría, controlado.
El problema aparece cuando los equipos son utilizados para comunicarse con integrantes de organizaciones criminales que permanecen en libertad. En su pronunciamiento de 2023, el INPE sostuvo que carecía de competencia para intervenir las comunicaciones personales de los internos sin una orden judicial. También advirtió que interceptarlas ilegalmente podría constituir delito.
Esa limitación legal, sin embargo, no impide establecer mecanismos de identificación, registro, supervisión, alertas y análisis de patrones sospechosos. Tampoco exime a las instituciones responsables de actuar cuando la Policía o el Ministerio Público detectan que una línea autorizada está siendo utilizada para coordinar delitos.
El propio INPE pidió en 2023 a la Policía Nacional que compartiera la información relacionada con delitos cometidos desde establecimientos penitenciarios para activar los protocolos de seguridad. La invocación evidenciaba una falla de coordinación que, años después, continuaría en el centro del problema.
EL ANTECEDENTE EN EL MILAGRO
En octubre de 2023, un operativo en los pabellones 3A y 9B del penal El Milagro encontró más de veinte teléfonos celulares, chips, cargadores, dinero, armas punzocortantes y sustancias prohibidas. La intervención se realizó en medio de las advertencias sobre bandas que continuaban coordinando extorsiones, secuestros y otros delitos desde el establecimiento penitenciario.
Aquel operativo estaba relacionado principalmente con celulares introducidos ilegalmente. Todavía no demostraba que los teléfonos públicos autorizados de El Milagro también fueran empleados por organizaciones criminales.
Esa evidencia aparecería después. En septiembre de 2025, el INPE informó que cerca de cien agentes del Grupo de Operaciones Especiales, apoyados por personal de seguridad penitenciaria de distintas regiones, ingresaron al penal trujillano para incautar equipos de comunicación presuntamente utilizados en extorsiones y secuestros.
En noviembre del mismo año, el entonces jefe de la Región Policial La Libertad aseguró ante el Concejo Provincial de Trujillo que buena parte de las llamadas extorsivas continuaba saliendo de El Milagro. La autoridad agregó un dato decisivo: la Policía había descubierto que los teléfonos monederos autorizados también eran utilizados para realizar llamadas extorsivas.
La propuesta policial fue reducir de doce a cuatro los denominados “teléfonos azulitos”, obligando a los internos a esperar turnos y facilitando un mayor control sobre su utilización.
La dimensión del problema quedó expuesta con el Informe Policial N.° 113-2026-COMOPPOL/DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPDIAC-Trujillo, elaborado el 25 de mayo de 2026.
El documento incorporado a investigaciones fiscales sobre La Nueva Jauría de Virú y La Nueva Jauría de San José analizó comunicaciones efectuadas desde establecimientos penitenciarios mediante el sistema administrado por Prisontec.
Los investigadores identificaron números de cabecera correspondientes a los puntos de telefonía pública instalados en el penal. Los registros incluían los códigos de los internos que utilizaban el servicio, lo que permitía asociar cada comunicación con una persona determinada.
Una llamada realizada el 28 de julio de 2024 desde la cabecera 56309143 fue vinculada con un código atribuido a Jhosep Martin Carranza Urcia, alias “Grillo”. La comunicación tuvo como destinatario un número atribuido por la investigación a Kenyi José Moisés Alcántara Cabrera, alias “Kenyi”.
La misma cabecera apareció después relacionada con otros usuarios. El análisis policial estableció que el número identificaba al equipo público, mientras el código empleado permitía individualizar al interno que realizaba cada llamada.
Según la tesis fiscal, desde esas líneas se habrían coordinado cobros de dinero, apoyo económico para personas detenidas y comunicaciones trianguladas entre integrantes de organizaciones criminales. El expediente también registra conversaciones sobre armas, posibles atentados y el precio solicitado para asesinar a una persona en una disputa por terrenos.
Durante años, las medidas de seguridad en las cárceles se concentraron en impedir el ingreso clandestino de celulares, cargadores y chips. El penal El Milagro cuenta incluso con un sistema de bloqueo de señales, instalado para neutralizar llamadas móviles e internet dentro de sus instalaciones.
En 2018, el Ministerio de Justicia aseguró que el bloqueo de señal funcionaba en el establecimiento trujillano. También explicó que la empresa encargada del sistema obtenía ingresos mediante la administración de teléfonos públicos utilizados por los internos para comunicarse con familiares y abogados.
El modelo presentaba una contradicción: se bloqueaban los celulares clandestinos, pero se mantenía una red de teléfonos públicos que también podía ser aprovechada por personas vinculadas con organizaciones criminales.
Las investigaciones posteriores demostraron que el riesgo no dependía únicamente de introducir un equipo prohibido. Un interno podía utilizar un teléfono instalado legalmente, identificarse mediante un código y establecer contacto con integrantes de su organización en libertad.
