Un caso que pone en evidencia serias deficiencias en procedimientos policiales, que vienen incluso desde el Comando PNP que lidera el general Franco Moreno Panta, ha marcado un precedente reciente en La Libertad. La Primera Sala Superior Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad decidió ratificar la libertad de un investigado, tras determinar inconsistencias y posibles irregularidades en su captura.
El fallo, emitido el 26 de marzo de 2026, confirmó que no existen elementos suficientes para dictar prisión preventiva contra Armando Roberto Barros Cruz, sindicado por la PNP como alias Cocinero, miembro de la organización criminal «Los pulpos», pero que finalmente solo terminó investigado por presunta tenencia ilegal de armas y material explosivo, a pesar de que de él se dijo muchas cosas que al final la PNP no pudo demostrar con pruebas que profesionalmente sí se hace en otros casos.
Según el expediente judicial resolucion de sala, la Fiscalía había solicitado prisión preventiva alegando que el investigado fue intervenido en flagrancia portando un arma de fuego y que posteriormente, en su vivienda, se hallaron explosivos.
Sin embargo, durante la evaluación del caso, los magistrados detectaron graves inconsistencias entre la versión policial, los videos de la intervención y los testimonios de testigos.
Uno de los puntos más críticos fue la forma en que se realizó la detención en el peaje de Menocucho, en Laredo. Mientras el acta policial sostenía que el investigado intentó huir con maniobras temerarias, los videos analizados muestran una escena distinta: es decir el vehículo estaba detenido y el conductor fue reducido en la pista sin evidenciar intento de fuga. Estas contradicciones debilitaron la versión oficial presentada por los agentes.
Testigos contradicen versión policial
El tribunal también valoró las declaraciones de los cuatro pasajeros que viajaban con el investigado, quienes coincidieron en un punto clave: no vieron que el imputado portara arma alguna al momento de la intervención.
Este elemento resultó determinante, ya que contradice directamente el acta de registro personal donde se señala el hallazgo del arma.
Además, los magistrados advirtieron que los pasajeros no fueron incluidos como testigos en el registro policial, ni se recogieron sus firmas, lo que resta validez al procedimiento.
Registro personal bajo sospecha
Otro aspecto cuestionado fue el momento en que supuestamente se encontró el arma.
El tribunal señaló que en los registros audiovisuales no se observa el acto de registro personal, ni el procedimiento mediante el cual se habría hallado el revólver.
Tampoco se evidencia que se haya respetado el derecho del intervenido a contar con un testigo o persona de confianza durante la diligencia, en este caso su abogado, como exige la ley.
Estas omisiones fueron consideradas fallas graves que afectan la legalidad y credibilidad de la intervención policial.
Allanamiento domiciliario también fue cuestionado
Las irregularidades no se limitaron a la detención. El registro realizado en el domicilio del investigado, donde se habría encontrado dinamita, también fue puesto en duda.
El tribunal concluyó que no se cumplían los criterios de flagrancia para justificar el ingreso a la vivienda sin orden judicial.
Entre los argumentos más relevantes están que el investigado fue detenido en Menocucho, lejos de su domicilio en Huanchaco, no existía una situación inmediata que justificara el allanamiento, la Policía no solicitó la presencia del Ministerio Público para validar la diligencia. Esto debilitó aún más la tesis fiscal.
Tras evaluar todos los elementos, la Sala determinó que no existen “fundados y graves elementos de convicción”, requisito indispensable para dictar prisión preventiva.
En consecuencia se confirmó el rechazo de la prisión preventiva, se revocó la comparecencia con restricciones, se dispuso comparecencia simple, es decir, el investigado afrontará el proceso en libertad sin mayores restricciones.
Un caso que expone fallas estructurales
El fallo no solo beneficia al investigado, sino que deja al descubierto problemas más profundos en los procedimientos policiales.
El tribunal fue enfático en señalar que la Policía puede intervenir, pero debe hacerlo respetando el debido proceso y los derechos fundamentales.
Errores como: actas inconsistentes, falta de testigos, procedimientos no documentados y posibles actos arbitrario, terminan debilitando los casos en sede judicial. Este caso refleja una realidad frecuente en el sistema penal: una intervención mal ejecutada puede invalidar toda la investigación.
A pesar de la gravedad del delito imputado —tenencia ilegal de armas y explosivos—, la falta de rigurosidad en el procedimiento terminó favoreciendo al investigado más aún si para la PNP, solo de versión oral, este sujeto ha tenido participación en varios secuestros perpetrados por la organización criminal «Los pulpos». Porque cuando las pruebas o la mo presentación de las mismas se debilitan por errores, no solo se cae un caso: se pierde una oportunidad de hacer justicia.
