La investigación contra diez consejeros regionales de La Libertad se intensifica. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, a cargo de la fiscal Ana Vigo Ordóñez, dispuso declarar el caso como complejo dentro de la carpeta fiscal N.° 4990-2025, lo que permitirá ampliar el plazo de las diligencias por ocho meses adicionales.
Los consejeros son investigados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. En ese marco, el Ministerio Público ha programado la toma de declaraciones testimoniales entre el 13 y 16 de abril, incluyendo a la actual presidenta del Consejo Regional, Indhira Espir Calderón, representante de la provincia de Sánchez Carrión.
En la lista de investigados también figuran Lorena Carranza Blas, Verónica Escobal Ordóñez, Ever Cadenillas Coronel, María Cristina Méndez Visitación, Luis Rodríguez Ponce, Samuel Leiva López, Lucía Simón Terrones, Irma Ávalos Contreras y Guissela Crisólogo Polo, quienes deberán responder ante la Fiscalía por los hechos materia de investigación.
El caso se origina a partir de una denuncia presentada por Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú. Según el documento, los consejeros no habrían ejercido su función de fiscalización frente a presuntas irregularidades, entre ellas el pago indebido al consejero por Pataz, Luis Rodríguez Ponce, quien habría percibido el 50% de su salario pese a cuestionamientos sobre el cumplimiento de su jornada laboral como docente.
Asimismo, se investiga la presunta contratación de familiares de algunos consejeros con el Estado, pese a advertencias formales sobre posibles vulneraciones a la Ley de Contrataciones. De acuerdo con la denuncia, los consejeros habrían sido notificados oportunamente, pero no habrían adoptado acciones de control.
Hasta el momento, algunos de los implicados no han brindado declaraciones recientes sobre el avance del proceso. No obstante, en etapas iniciales de la investigación, la consejera Lorena Carranza sostuvo que no corresponde al Consejo Regional investigar este tipo de hechos, señalando que dicha función recae en el Ministerio Público.
