La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el magistrado Ricardo Arturo Miranda Rivera y tres servidoras judiciales por presunta infracción a los deberes funcionales en la tramitación de un expediente laboral.
La investigación se centra en la posibilidad de que el juez haya presuntamente favorecido de manera ilícita a una demandante que, casualmente, trabajaba en su despacho.
Según el informe oficial, el expediente en cuestión, identificado con el número 5062-2022-0-1601-JP-LA-01, involucra a la servidora judicial Sonia Violeta Vásquez Alfaro como demandante. Lo que ha despertado las sospechas es que el mismo día que recibió el expediente en su calidad de trabajadora judicial, la sentencia fue emitida presuntamente en un tiempo récord.
La investigación ha revelado que Vásquez Alfaro tuvo el expediente en su poder desde las 17:54:21 hasta las 21:33:40 del 31 de julio de 2023, antes de que el magistrado Miranda Rivera lo tuviera en su posesión por apenas 15 segundos y emitiera una sentencia ese mismo día.
Este procedimiento atípico ha sido considerado por la ODANC como una posible violación a las políticas de integridad y transparencia promovidas por la Corte Superior de Justicia de La Libertad. La rapidez con la que se emitió la sentencia y el acceso que tuvo la demandante al expediente han generado serias dudas sobre la imparcialidad del magistrado y el correcto proceder de las servidoras judiciales involucradas, de allí la investigación.
Como parte del proceso de investigación, la ODANC ha solicitado explicaciones al magistrado Miranda Rivera sobre su relación con la servidora Vásquez Alfaro y su conocimiento de la existencia de un proceso en el que ella era demandante. Asimismo, se le ha requerido que informe si él mismo redactó la sentencia en cuestión. De no responder en un plazo de cinco días, se procederá a resolver el caso con la información que ya se encuentra en el expediente.
De igual manera, las servidoras Sonia Violeta Vásquez Alfaro, Luisa Anghelina Briones Vargas y Blanca Gisella Patricia Gabrielli Castañeda han sido notificadas para rendir cuentas sobre su participación en el proceso. A Vásquez Alfaro se le ha pedido que aclare su cargo en el Tercer Juzgado Laboral de Trujillo en el mes de julio de 2023, así como el motivo por el cual recepcionó el expediente siendo ella la demandante. También se le ha solicitado que detalle qué actividades realizó en el sistema integrado judicial mientras tuvo acceso al expediente durante casi cuatro horas.
Por otro lado, Briones Vargas deberá explicar su intervención en el expediente el 19 de julio de 2023 y detallar si esta fue por orden de un superior, mientras que Gabrielli Castañeda deberá justificar por qué firmó digitalmente la sentencia de vista y descargó la misma en el sistema el 31 de julio de 2023, para luego dejar sin efecto la reasignación del expediente al día siguiente. Se ha solicitado que precise si recibió alguna orden directa para realizar estos procedimientos.
Además de estas notificaciones, la ODANC ha solicitado información a la Oficina de Informática de la Corte Superior para determinar desde qué usuario del sistema integrado judicial se cargó el formato de la sentencia antes de ser firmada digitalmente. También se ha pedido a la Oficina de Administración del Módulo Laboral que informe sobre las funciones específicas que desempeñaba Sonia Violeta Vásquez Alfaro en julio de 2023 y si hubo algún requerimiento administrativo para que las servidoras Briones Vargas y Gabrielli Castañeda intervinieran en el expediente.
En caso de que se comprueben las irregularidades denunciadas, las sanciones para los implicados podrían ser severas, incluyendo la destitución del cargo para el juez y las servidoras judiciales involucradas, además de posibles acciones penales.