El sector Salud de La Libertad vuelve a estar bajo la lupa luego de que la Contraloría General de la República confirmara que la Red Integrada de Salud Trujillo contrató, durante un año, a Daniela Noemí Fernández Vásquez, sobrina del exministro de Salud César Vásquez Sánchez, pese a que la ley le prohibía mantener cualquier tipo de vínculo contractual con el Estado por tratarse de una familiar de segundo grado de consanguinidad del entonces alto funcionario.
La irregularidad fue detallada en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 045-2025-2-0640-AOP, difundido el 14 de noviembre, documento en el que el órgano de control advierte que la Red Integrada de Salud Trujillo otorgó cinco órdenes de servicio y posteriormente un contrato por montos que, en conjunto, superan los 162 mil soles. Todos estos servicios se entregaron entre abril de 2024 y abril de 2025, periodo en el que Vásquez Sánchez aún ejercía como titular del Ministerio de Salud.
La Contraloría confirma que Fernández Vásquez figuraba como proveedora impedida, tal como se desprende de la declaración jurada de intereses presentada por el exministro, donde queda claro que ella es hija de Ana Melva Vásquez Sánchez, hermana del entonces titular de la cartera. A pesar de esta prohibición, la Red Integrada de Salud no solo autorizó múltiples órdenes de servicio, sino que además suscribió un contrato de mayor envergadura a inicios de 2025. Para el órgano de control, esta actuación alteró el funcionamiento regular de la administración pública, pues los responsables debieron advertir el impedimento antes de validar cada contratación.
El informe precisa que la contratación irregular se constató tras la revisión completa de los expedientes y documentos entregados por la entidad, confirmándose que no existió ninguna salvaguarda institucional para evitar una relación prohibida. El caso, además, deja expuestos los controles internos de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, pues la Red Integrada de Salud depende directamente de esta instancia.
Hasta el momento, la Geresa no ha emitido un pronunciamiento sobre los hechos revelados por la Contraloría ni ha informado si iniciará investigaciones o procedimientos administrativos para determinar responsabilidades. Versiones internas señalan que el informe ya generó tensión dentro de las oficinas de logística y administración, que fueron las encargadas de tramitar las contrataciones.
Con el documento concluido, corresponde ahora que la Contraloría derive el caso a la instancia sancionadora y, si corresponde, al Ministerio Público, para que se evalúe si la contratación irregular califica como un acto de negociación incompatible u otro tipo de delito vinculado a corrupción.
El informe deja abierta una nueva línea de cuestionamiento sobre cómo se maneja la contratación de servicios en el sector Salud regional y si existen mecanismos suficientes para prevenir que funcionarios o familiares de altos cargos se beneficien indebidamente de recursos público.
