La lucha contra las mafias de extorsión que operan desde el penal El Milagro dará un paso decisivo en las próximas semanas. El jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, anunció que, en coordinación con el INPE, se está elaborando un listado de internos que serán trasladados a cárceles de máxima seguridad, luego de confirmarse que continuaban dirigiendo redes de extorsión desde el interior del penal trujillano.
El anuncio fue realizado durante la sesión del Consejo de Estado Regional, espacio donde autoridades civiles, policiales y militares analizan la crisis de seguridad ciudadana que golpea a la región. Llerena recordó que la última intervención policial dentro del penal El Milagro expuso nuevamente la magnitud de las extorsiones que se manejaban desde las celdas. En esa redada, la Policía incautó más de diez libretas repletas de nombres y números telefónicos. Cada libreta contenía alrededor de doscientas anotaciones, lo que permitió calcular que existían por lo menos mil registros de víctimas en manos de los reclusos.
Según el jefe policial, solo con ese operativo se logró cortar la comunicación a un número considerable de extorsionadores. “Al revisar este material, hemos podido identificar que unas quinientas personas dejarán de ser extorsionadas, porque estos internos ya no tienen los insumos para seguir comunicándose con ellas”, señaló.
Llerena detalló que el traslado a penales de máxima seguridad no es una opción, sino una necesidad inmediata. Explicó que, junto al INPE, están cruzando información operativa e inteligencia para identificar a los reclusos más peligrosos, aquellos que seguirían manipulando a bandas externas y ordenando cobros extorsivos desde sus camarotes. “Estos internos tienen que salir de Trujillo. Deben ser reubicados en penales donde no puedan seguir operando”, afirmó.
El general también reveló que, como parte de las acciones impulsadas en el marco del estado de emergencia, se dispuso el corte total de los puntos de energía eléctrica instalados de manera clandestina en las celdas. Durante la última intervención se descubrió que algunos camarotes tenían hasta cinco conexiones eléctricas ocultas, lo que facilitaba la carga de celulares y el uso de dispositivos para coordinar actividades delictivas.
Otra de las medidas adoptadas es la aplicación de la prueba del polígrafo al personal que labora en el penal, una exigencia incorporada en la declaratoria de emergencia. Las autoridades buscan asegurar que no existan infiltraciones, negligencias ni complicidades que permitan a los reclusos mantener redes de comunicación ilegales.
El anuncio de Llerena se da en un contexto en el que La Libertad continúa siendo una de las regiones más golpeadas por la extorsión y los delitos asociados al crimen organizado. Llevar a estos internos a penales de mayor seguridad representa, según la Policía, un golpe directo contra las estructuras que siguen operando desde la cárcel y una medida clave para reducir el número de víctimas en la región.
