La circulación ilegal de explosivos se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes de seguridad en La Libertad. La reciente incautación de más de media tonelada de emulsión explosiva en Huamachuco vuelve a poner bajo la lupa una cadena clandestina que abastecería principalmente a actividades de minería ilegal, pero que también representa un riesgo por su posible utilización por organizaciones dedicadas a extorsiones y atentados.
En lo que va de 2026, diferentes intervenciones oficiales han permitido retirar miles de cartuchos y otras unidades de explosivos que circulaban irregularmente. Los operativos conocidos permiten contabilizar al menos 5,877 unidades, sin considerar las 70 bolsas de emulsión explosiva recientemente decomisadas.
Esta cantidad debe entenderse como una cifra mínima obtenida a partir de intervenciones cuya información fue difundida y no como un consolidado definitivo de todo lo incautado en La Libertad durante el año.
Más de media tonelada en Huamachuco
La última intervención ocurrió en el caserío Habas Horco, provincia de Sánchez Carrión, donde efectivos de la Comisaría PNP Huamachuco encontraron 70 bolsas de emulsión explosiva fabricadas por MAXAM Perú S.A.C.
De acuerdo con la información del Ministerio del Interior, el cargamento superaba la media tonelada y estaba almacenado sin la autorización correspondiente.
Debido a la peligrosidad del material, este quedó bajo custodia de las autoridades para efectuar su traslado y posterior destrucción bajo condiciones de seguridad.
El hallazgo adquiere especial relevancia por producirse en una provincia donde la expansión de actividades mineras informales e ilegales ha generado una creciente demanda de explosivos para abrir socavones y desarrollar labores de extracción.
Miles de explosivos incautados durante 2026
El caso de Huamachuco no constituye un hecho aislado.
Las intervenciones realizadas durante el año muestran que existe una circulación sostenida de material explosivo en zonas de la sierra liberteña donde convergen minería ilegal, informalidad y organizaciones criminales.
A partir de los operativos cuya cantidad fue reportada oficialmente, se pueden identificar al menos 5,877 cartuchos o unidades de explosivos incautados durante 2026.
A estos decomisos se suma ahora más de media tonelada de emulsión explosiva encontrada en Habas Horco.
La reiteración de estos hallazgos plantea una interrogante que va más allá de cada intervención policial: ¿cómo llegan cantidades tan importantes de explosivos hasta zonas donde operan actividades ilegales?
De los socavones a las extorsiones
La disponibilidad irregular de estos materiales representa un problema que trasciende la minería.
Los explosivos son utilizados para desarrollar labores de extracción en socavones clandestinos, especialmente en territorios mineros de provincias como Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.
Sin embargo, La Libertad enfrenta paralelamente una grave problemática de extorsiones y atentados con explosivos contra viviendas, comercios, empresas y unidades de transporte.
Por ello, determinar el origen y destino de cada cargamento incautado resulta fundamental. La sola presencia de explosivos en circuitos clandestinos constituye un riesgo de que estos materiales puedan terminar abasteciendo distintas actividades criminales.
No obstante, cada caso debe ser investigado individualmente y no corresponde asumir que todo explosivo incautado en actividades vinculadas a minería ilegal necesariamente estaba destinado a cometer extorsiones.
¿De dónde salen los explosivos?
Las reiteradas incautaciones dejan abiertas preguntas sobre el funcionamiento de la cadena de abastecimiento.
Si las autoridades encuentran miles de unidades de explosivos y cargamentos que pueden superar la media tonelada, las investigaciones no deberían terminar únicamente con el decomiso.
Resulta necesario determinar quién adquirió originalmente el material, cómo salió del circuito autorizado, quién lo comercializó, quién financió su compra, mediante qué rutas fue transportado y cuál era su destino final.
El rastreo del fabricante identificado en los productos tampoco significa necesariamente responsabilidad de la empresa productora. Los explosivos pueden ingresar inicialmente a circuitos autorizados y posteriormente ser desviados, por lo que establecer la trazabilidad resulta indispensable para determinar responsabilidades.
Incautar ya no es suficiente
El problema exige atacar la cadena económica y logística que hace posible el abastecimiento clandestino.
Las investigaciones requieren seguimiento financiero, trazabilidad de los materiales fiscalizados, mayor control sobre almacenamiento y transporte, así como intercambio permanente de información entre Policía Nacional, Sucamec, Ministerio Público y las instituciones encargadas de enfrentar la minería ilegal.
En provincias como Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, donde la minería ilegal ha alcanzado una dimensión particularmente preocupante, controlar los explosivos significa también golpear uno de los principales insumos que permiten mantener funcionando los socavones clandestinos.
La nueva incautación en Huamachuco vuelve así a plantear una cuestión todavía pendiente: las autoridades están decomisando los explosivos que encuentran, pero el desafío principal es descubrir y desarticular las redes que permiten que estos cargamentos continúen llegando a la sierra de La Libertad.
