El gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, vuelve a estar bajo la lupa del Ministerio Público. La Primera Fiscalía Provincial Penal de Trujillo inició una investigación preliminar por presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de nombramiento ilegal de cargo.
Esta acción fiscal se origina por la designación de Norma Ximena Castillo Schimiel como subgerenta de Logística y Servicios Generales del Gobierno Regional de La Libertad, pese a que, según la denuncia presentada, la funcionaria no reuniría los requisitos mínimos de experiencia ni habría acreditado de manera documentada el cumplimiento del perfil profesional requerido.
En esta investigación también está incluido Erick Ágreda Yauri, subgerente de Recursos Humanos del Gobierno Regional, quien fue el responsable de elaborar el informe técnico que avaló la idoneidad de Castillo para el cargo.
La Fiscalía también dispuso indagar a la propia funcionaria por presunta aceptación indebida del cargo y falsedad ideológica, luego de que el denunciante, Manuel Ruiz Briones, advirtiera presuntas irregularidades en su hoja de vida, incluyendo posibles superposiciones laborales y una supuesta doble percepción de remuneraciones del Estado en un mismo periodo. Aunque la denuncia no detalla con exactitud cuál sería el otro cargo desempeñado simultáneamente por la servidora pública, señala que no habría presentado boletas, planillas u otros documentos oficiales que acrediten de forma indiscutible su experiencia laboral especializada.
Pese a estas observaciones, el 22 de agosto de 2024, el subgerente Ágreda Yauri emitió el informe técnico N.° 000038-2024, mediante el cual concluyó que la postulante sí cumplía los requisitos establecidos para el puesto. Solo cuatro días después, César Acuña firmó la resolución N.° 000463-2024, oficializando su nombramiento.
La Fiscalía ha dispuesto un plazo de 60 días para investigar el caso y ha solicitado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) un informe técnico que determine si el proceso de designación fue llevado a cabo de manera regular o si, como sugiere la denuncia, se habría forzado un nombramiento político carente de respaldo técnico.
Consultado por el diario Correo, el subgerente Erick Ágreda defendió la decisión institucional afirmando que Castillo sí reúne los años de experiencia exigidos y que se trató de un procedimiento regular. “Más que una denuncia técnica, es una denuncia política”, indicó, dejando entrever que existirían intereses detrás de la acusación. En tanto, la defensa legal de la funcionaria aún no se ha pronunciado oficialmente.
