Un nuevo golpe a las mafias de la minería ilegal estremeció el distrito de Pataz, en la sierra de La Libertad. El Comando Unificado, conformado por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutó una operación de alto impacto en dos centros poblados de la zona: Zarumilla y Pueblo Nuevo.
Bajo el nombre de “Holocausto II”, esta intervención dejó como saldo la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas y la incautación de un arsenal de guerra que revela el grado de militarización con el que operan los grupos criminales en esta región del país.
La primera acción se desarrolló en Zarumilla, donde los agentes ingresaron a una bocamina controlada por presuntos delincuentes. Allí fueron detenidos cuatro sujetos en posesión de armas de fuego, municiones de uso militar, dinamita y cordones detonantes. La magnitud del material hallado evidenció que no se trataba solo de una intervención contra extracción ilegal de minerales, sino de una estructura capaz de resistir con violencia la presencia del Estado.
En paralelo, en el centro poblado Pueblo Nuevo, la situación escaló en violencia. El personal del Comando fue recibido con disparos y explosiones de dinamita por parte de individuos armados que custodiaban el ingreso a otro socavón. En plena confrontación, parte del túnel colapsó debido a las detonaciones, lo que fue aprovechado por los atacantes para escapar. A pesar de ello, las fuerzas del orden lograron incautar más armas de largo alcance, municiones y material explosivo, entre ellos varios fusiles, una mini uzi artesanal y gran cantidad de cartuchos.
El general Marco Marín Saldaña, comandante del Comando Unificado en Pataz, explicó que los agentes actuaron en cumplimiento de su deber y en defensa de sus propias vidas. Según indicó, el operativo estuvo marcado por una respuesta hostil por parte de quienes controlaban los socavones, lo que obligó a una actuación legítima y proporcional. El alto mando precisó que se respetaron los derechos fundamentales en todo momento, pero cuando la vida de los efectivos se encuentra en peligro, corresponde aplicar la fuerza autorizada por la ley.
La operación Holocausto II confirma una vez más que la minería ilegal en La Libertad ha dejado de ser una actividad económica informal para convertirse en una amenaza directa a la seguridad del Estado. Los hallazgos realizados, que incluyen armamento de guerra, dinamita industrial y municiones de alto calibre, hacen evidente la penetración de redes criminales organizadas que operan con impunidad en zonas de difícil acceso. Además, estas mafias están dispuestas a enfrentar a las fuerzas del orden con tácticas cada vez más violentas.
Pataz, una provincia con altos índices de conflicto por el control de recursos mineros, continúa siendo epicentro de enfrentamientos entre el Estado y actores ilegales armados. La intervención reciente no solo busca interrumpir estas operaciones, sino también enviar un mensaje firme: la presencia del Estado se está reactivando en territorios donde por años ha predominado la ley del más fuerte. Aun así, el riesgo persiste, y los próximos pasos deberán combinar acciones militares con una estrategia sostenida de desarrollo territorial, control fiscal, presencia institucional y garantías para las comunidades.
