La provincia de Ascope se ve envuelta en un nuevo escándalo que pone bajo la lupa la conducta de sus autoridades. El Ministerio Público solicitó dos años y ocho meses de prisión efectiva, diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 241 días-multa contra la actual alcaldesa provincial María del Rosario Cortijo Izquierdo, por el presunto delito de peculado de uso.
Según la denuncia fiscal, la autoridad edil, perteneciente al partido Alianza para el Progreso (APP), habría utilizado el vehículo oficial de la municipalidad de manera indebida en dos ocasiones consecutivas: los días 29 y 30 de septiembre de 2023, sin contar con una justificación administrativa formal. Incluso, se le acusa de haber asistido a un evento privado —un quinceañero— usando recursos públicos, lo que vulneraría gravemente la normativa de uso de bienes del Estado.
La información fue revelada por la cuenta informativa Pandemonio, y posteriormente confirmada por fuentes del Ministerio Público. De acuerdo con las investigaciones preliminares, no existe registro oficial en los partes de movilidad ni en los informes de actividades municipales que sustenten el traslado de la alcaldesa a la ciudad de Trujillo en esas fechas.
¿Qué es el peculado de uso?
El delito por el cual se está procesando a la alcaldesa está tipificado en el artículo 387 del Código Penal peruano y sanciona el uso indebido de bienes del Estado para fines particulares. Aunque suele ser considerado un delito de menor cuantía en comparación con otras formas de corrupción, la sanción penal contempla hasta cuatro años de prisión y suspensión del ejercicio de la función pública, dependiendo de la gravedad y reincidencia.
En este caso, el fiscal a cargo ha considerado circunstancias agravantes, como la reiteración en el uso del vehículo y la falta de transparencia documental, para solicitar una pena que incluye la inhabilitación por una década.
Reacciones y silencio oficial
Hasta ahora, la alcaldesa Cortijo Izquierdo no emitió una declaración pública oficial sobre el proceso judicial ni sobre las acusaciones en su contra. En la Municipalidad Provincial de Ascope, tampoco se ha emitido un comunicado institucional aclarando la situación.
La noticia ha causado revuelo en la población ascopana, en especial porque Cortijo Izquierdo era una de las pocas alcaldesas provinciales que se mantenía en las filas del partido por el cual fue elegida en 2022, en un contexto de alto transfuguismo político en La Libertad.
Para observadores políticos, este caso revela la persistencia de prácticas informales y el uso personal de recursos públicos por parte de autoridades que deberían dar el ejemplo en ética y transparencia. “No es el monto lo que importa, sino el principio. Se trata de una infracción clara al deber de probidad”, señaló un abogado penalista consultado para este medio.
El caso de Cortijo Izquierdo se suma a una serie de cuestionamientos contra funcionarios ediles en la región La Libertad, donde los niveles de confianza ciudadana en los gobiernos locales han caído significativamente, debido a los escándalos de corrupción, ineficiencia y, como en este caso, presuntos delitos de uso indebido de bienes públicos.
