En medio de protestas y críticas al dictamen aprobado en primera votación por el Congreso de la República, la nueva Ley Agraria —apodada por sus detractores como “Ley Chlimper 2.0”— ha generado un intenso debate nacional. Para muchos, esta iniciativa representa un retroceso, al reducir la tasa del impuesto a la renta de las agroexportadoras del 29.5% al 15% durante los próximos 10 años.
Para otros, como Yuri Armas Peña, director de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), es una oportunidad para que el Perú compita de igual a igual con grandes productores internacionales.
“Esta ley no afecta a los trabajadores. Sus derechos se mantienen intactos”, afirmó Armas, quien representa a 27 de las principales empresas agroindustriales del norte del país. En entrevista, sostiene que la polémica normativa permitirá mejorar la competitividad del sector y generar más empleo formal.
¿Pecado fiscal o impulso económico?
Críticos de la norma aseguran que esta medida generaría un “forado fiscal” de más de S/ 1,180 millones al año, afectando la recaudación del Estado. Sin embargo, Armas contradice esta afirmación con cifras concretas:
“En 2024, el sector agroindustrial generó 535 mil empleos formales y S/ 15,780 millones en salarios, lo que representa alrededor de S/ 2,800 millones en IGV para el Estado”.
En ese sentido, defiende que los beneficios tributarios para las empresas terminan impactando directamente en los trabajadores y en la economía regional, especialmente en La Libertad, donde 93 mil personas dependen de esta industria.
Condiciones laborales: entre el discurso y la realidad
Uno de los puntos de mayor controversia en el debate público ha sido la calidad del trabajo en el campo. Organizaciones sociales y trabajadores aseguran que los sueldos son bajos y las condiciones laborales, precarias. Ante estas críticas, Armas responde:
“Las empresas asociadas a ADAS cumplen rigurosamente con los estándares laborales. Sunafil nos fiscaliza, usamos bloqueadores, uniforme especializado y se brinda movilidad. Además, el promedio de sueldo mensual fue de S/ 2,066, llegando en campañas hasta S/ 3,700”.
Sin embargo, reconoce que no todas las empresas del sector cumplen, y aclara que su testimonio solo representa a las compañías afiliadas a su gremio.
Reducción del impuesto: ¿una ventaja injusta o una medida estratégica?
Para Armas, la reducción del impuesto no es un “favor fiscal”, sino una necesidad competitiva en el escenario global.
“Competimos con gigantes como México. Ellos exportan paltas por tierra a EE. UU. Nosotros lo hacemos desde Paita o Callao, con sobrecostos logísticos. Si no ajustamos nuestras condiciones, nos quedamos atrás”.
Asegura que esta norma no solo busca mejorar las utilidades empresariales, sino generar más empleo formal, atraer nuevas inversiones y fortalecer la presencia del Perú en mercados internacionales. “No hay futuro sin competitividad”, sentencia.
¿Y ahora qué sigue?
El dictamen aún debe pasar por una segunda votación en el Congreso para ser aprobado de forma definitiva. Mientras tanto, el debate continuará entre quienes ven en esta ley una oportunidad de reactivación productiva y quienes la consideran un retroceso fiscal y social. La agroindustria, uno de los sectores más dinámicos del país, vuelve a estar en el centro de una disputa que definirá no solo su futuro, sino también el de miles de trabajadores del campo.
