El gerente regional de Agricultura de La Libertad, Miguel Chávez Castro, quedó en el centro de la polémica luego de revelarse que dejó temporalmente su cargo para participar activamente en la campaña política de Alianza Para el Progreso (APP) y respaldar la candidatura presidencial de César Acuña Peralta.
El funcionario solicitó ausentarse de sus labores entre el 26 de marzo y el 9 de abril de 2026 mediante una licencia sin goce de haber. Sin embargo, posteriormente la Subgerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional de La Libertad declaró improcedente dicho permiso al advertir que el régimen bajo el cual fue contratado no contempla ese beneficio.
El caso no solo ha generado cuestionamientos administrativos, sino también electorales y legales, debido a que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo concluyó que Miguel Chávez vulneró el principio de neutralidad y remitió el expediente al Ministerio Público, Contraloría y al propio Gobierno Regional.
Licencia fue declarada improcedente
La controversia comenzó cuando Miguel Chávez presentó la Carta N.° 000085-2026-GRLL-GGR-GRAG solicitando licencia sin goce de haber para dedicarse temporalmente a actividades políticas vinculadas a APP.
El pedido inicialmente contó con opinión favorable dentro de la Gerencia Regional de Agricultura; sin embargo, la Subgerencia de Recursos Humanos revisó posteriormente el caso y concluyó que el permiso no correspondía.
Según la Resolución Subgerencial N.° 000136-2026-GRLL-GGR-GRA-SGRH, publicada el 12 de mayo, el funcionario está sujeto al régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), el cual tiene naturaleza civil y no genera vínculo laboral ni beneficios como vacaciones o licencias.
“El régimen FAG se caracteriza por constituir una modalidad contractual de naturaleza civil, sin generación de vínculo laboral, carrera administrativa ni reconocimiento de beneficios laborales”, precisa el documento oficial.
Por ello, la entidad concluyó que la licencia otorgada carecía de sustento legal y debía ser declarada improcedente.
JEE detectó vulneración al principio de neutralidad
Mientras estaba fuera del cargo, Miguel Chávez participó activamente en actos políticos de APP. Uno de los hechos observados ocurrió el 29 de marzo durante una reunión de juventudes del partido en el distrito de Laredo.
El Jurado Electoral Especial de Trujillo determinó que el funcionario vulneró el principio de neutralidad electoral al intervenir en actividades proselitistas siendo funcionario público.
La resolución electoral detalla que Chávez dirigió una charla frente a simpatizantes del partido y que durante el evento se exhibieron símbolos y material electoral vinculados a APP.
“Se aprecia un señalamiento en color rojo que marca la fila correspondiente a la organización política APP, lo cual evidenciaría una orientación del voto”, señala el documento.
Posteriormente, mediante la Resolución N.° 00724-2026-JEE-TRUJ/JNE, el Jurado declaró consentida la infracción y remitió copias del caso al Ministerio Público, Contraloría y Gobierno Regional para las investigaciones correspondientes.
Participó en actividades con César Acuña
Las actividades políticas del funcionario no se limitaron a reuniones partidarias. El 30 de marzo también participó en el recibimiento que APP organizó para César Acuña en el aeropuerto de Trujillo.
Ese mismo día, el líder apepista realizó una caravana política por distintos distritos de la provincia de Trujillo en medio de la campaña presidencial.
Actualmente, Miguel Chávez también figura como precandidato de APP a la Municipalidad Distrital de Laredo, lo que ha incrementado las críticas respecto a un posible uso político de su cargo dentro del Gobierno Regional.
Caso genera debate sobre uso político de cargos públicos
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la participación política de funcionarios públicos durante procesos electorales y el respeto al principio de neutralidad.
Especialistas en derecho electoral advierten que los servidores del Estado deben mantener imparcialidad y evitar utilizar su posición para favorecer organizaciones políticas o candidatos.
La investigación podría derivar en sanciones administrativas e incluso responsabilidades legales dependiendo de lo que determinen las entidades competentes.
