El Gobierno Regional de La Libertad solicitará al Ejecutivo la ampliación del estado de emergencia por inseguridad ciudadana en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz, ante el avance del crimen organizado en la región.
El anuncio fue realizado por la gobernadora Joana Cabrera Pimentel durante la sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), donde advirtió que la medida vigente está próxima a vencer.
“Vamos a solicitar la ampliación del estado de emergencia porque no podemos bajar la guardia en la lucha contra la delincuencia”, afirmó.
Piden medidas más drásticas
Durante la misma sesión, el prefecto regional Carlos Rodríguez respaldó la medida y pidió acciones más firmes frente a la delincuencia.
“La población exige resultados concretos y una respuesta más severa del Estado”, señaló.
La gobernadora informó que La Libertad contará con 500 nuevos efectivos policiales, entre egresados de la Escuela de la PNP y personal reasignado de otras regiones.
Estos agentes serán incorporados de forma permanente para reforzar la seguridad en distintas jurisdicciones, aunque reconoció que aún existe una brecha en la cobertura policial.
Más de S/ 100 millones invertidos en seguridad
Cabrera detalló que su gestión ha destinado más de S/ 100 millones para fortalecer la seguridad ciudadana, mediante:
- Compra de camionetas y motocicletas
- Implementación de drones y videovigilancia
- Equipamiento policial (chalecos, tecnología)
- Modernización de la central de emergencias 105
Además, destacó la firma de un convenio con la Marina de Guerra del Perú para reforzar la seguridad en el ámbito marítimo.
La autoridad regional anunció que el 30 de marzo se inaugurará en Trujillo el Laboratorio de Criminalística más grande del país, ejecutado mediante Obras por Impuestos con una inversión superior a S/ 18 millones.
Esta infraestructura permitirá que las pericias se realicen en la región, evitando el traslado de muestras a Lima y beneficiando también a otras regiones del país.
La ampliación del estado de emergencia se plantea en un contexto donde los delitos vinculados a extorsión, sicariato y crimen organizado continúan afectando a la región, especialmente en zonas como Trujillo, Virú y Pataz.
Las autoridades buscan mantener y reforzar las medidas excepcionales para contener la criminalidad y recuperar la seguridad ciudadana.
