El órgano electoral determinó que no hay infracción ni información falsa en la Declaración Jurada del candidato al Senado, archivando definitivamente el caso.Trujillo 17 de marzo de 2025.- El Jurado Electoral Especial de Trujillo emitió la Resolución N.° 00757-2026-JEE-TRUJ/JNE, mediante la cual declara que no existe mérito para iniciar procedimiento sancionador alguno contra el candidato al Senado por La Libertad, Víctor Julio León Álvarez, en el marco de las Elecciones Generales 2026.La decisión del órgano electoral se sustenta en un análisis jurídico riguroso que concluye que no se ha configurado falsedad ni omisión en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) del candidato, desestimando así los cuestionamientos formulados en su contra.
En primer lugar, el Jurado Electoral determinó que el candidato no tenía obligación de declarar sentencias en el rubro referido a delitos dolosos, debido a que fue absuelto de toda responsabilidad penal, no existiendo condena firme ni reserva de fallo condenatorio.Asimismo, respecto al cuestionamiento sobre una supuesta omisión en la declaración de una reparación civil, el colegiado fue enfático en señalar que este tipo de obligación no se encuentra dentro de los supuestos que la Ley de Organizaciones Políticas exige declarar.
En ese sentido, precisó que la normativa electoral establece de manera taxativa qué tipo de sentencias deben consignarse, no siendo posible extender dicha obligación mediante interpretaciones amplias o analógicas.Adicionalmente, el órgano electoral advirtió que la reparación civil mencionada no contaba con carácter firme, toda vez que la Corte Suprema dispuso la nulidad del extremo civil y ordenó la realización de un nuevo juicio, lo que refuerza la inexistencia de una obligación declarativa exigible al candidato.
En consecuencia, el Jurado Electoral Especial resolvió archivar definitivamente el expediente, dejando constancia de que no se ha acreditado infracción alguna por parte del candidato Víctor Julio León Álvarez.Este pronunciamiento reafirma el respeto al principio de legalidad y tipicidad en materia electoral, garantizando que ningún ciudadano sea sancionado por hechos que no se encuentren expresamente previstos en la ley.
